Sucesores de Antonio Lladhón acusan a un conocido ganadero de haber librado cheques sin fondos para el pago de una deuda y de haber generado de manera fraudulenta su insolvencia económica.
El titular de una empresa de agroquímicos presentó denuncias penales en los tribunales de la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada, contra un productor ganadero y una de sus hijas, a quienes acusa de los delitos de estafa mediante el libramiento de cheques sin fondos e insolvencia fraudulenta. El monto total reclamado asciende a aproximadamente 230 millones de pesos.
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Las presentaciones fueron realizadas por el abogado Rodolfo González en representación de la firma Sucesores de Antonio Lladhón SRL, con domicilio legal en ruta nacional 34, kilómetro 566, Colonia Dora, departamento Avellaneda, empresa que además es titular de una estación de servicios.
La primera denuncia fue interpuesta contra Hugo Daniel Quiñónez, domiciliado en la localidad de Los Juríes, departamento General Taboada. Según consta en la presentación judicial, se le atribuyen los delitos de estafa por libramiento de cheques sin provisión de fondos e insolvencia fraudulenta, en concurso real, en perjuicio de la empresa denunciante.
De acuerdo con lo expuesto por el letrado, Quiñónez habría librado a favor de la firma denunciante 13 cheques de pago diferido, por un monto total de $172.570.341, con fechas de vencimiento comprendidas entre el 30 de junio y el 31 de agosto de 2025. Al ser presentados al cobro, todos los instrumentos fueron rechazados por el Banco de la Nación Argentina por falta de fondos. Añadió que, pese a haber sido notificado de los rechazos, el denunciado no cubrió los importes dentro del plazo legal, circunstancia que también fue incorporada a una demanda civil que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial de Añatuya.
La denuncia sostiene además que, con posterioridad al libramiento de los cheques, Quiñónez habría realizado actos tendientes a generar un estado de insolvencia patrimonial. En ese sentido, se señala que transfirió la nuda propiedad de campos rurales a herederos o personas vinculadas, conservando únicamente el derecho de usufructo vitalicio, lo que —según la presentación— habría dificultado la eventual ejecución judicial de los bienes.
El abogado afirmó que el denunciado asumió una obligación de elevada cuantía cuando su patrimonio registral ya no resultaba ejecutable, debido a la transferencia previa de la titularidad de los inmuebles. Asimismo, sostuvo que no existirían otros bienes a nombre de Quiñónez que permitan cubrir el monto reclamado.
En el mismo escrito, el letrado indicó que existiría una conducta coordinada entre el productor y su grupo familiar. Según expuso, mientras una de las hijas habría transferido su participación en determinados bienes a sus hermanos, el padre habría avanzado con el desmembramiento del dominio de sus propiedades, acciones que —a criterio de la parte denunciante— tendrían como finalidad perjudicar a la empresa acreedora.
En una segunda presentación, González denunció a una de las hijas de Quiñónez, también domiciliada en Los Juríes, por una operatoria que involucraría ocho cheques de pago diferido, por un total de $60.693.844, igualmente rechazados por falta de fondos. Según se detalló, la mujer mantenía una relación comercial con la firma denunciante y, tras los rechazos bancarios y los reclamos extrajudiciales, habría realizado actos destinados a desprenderse de bienes de su patrimonio.
En ese marco, se consignó que el 11 de julio de 2025 la denunciada otorgó un poder especial a favor de su madre. Posteriormente, el 28 de agosto de 2025, mediante escritura pública, se habría concretado la venta de su 25% indiviso sobre seis inmuebles rurales a favor de sus hermanos. En la operación se declaró un pago de $122.000.000 en efectivo, circunstancia que la parte denunciante considera irregular y que será materia de análisis judicial.
Según la denuncia, las transferencias se realizaron cuando ya se encontraban en curso los reclamos por los cheques rechazados y habrían tenido como finalidad sustraer bienes del patrimonio de la deudora, manteniendo el control de los inmuebles dentro del grupo familiar. Las actuaciones quedaron a consideración de la Justicia, que deberá determinar la existencia o no de los delitos denunciados y la eventual responsabilidad de los involucrados.