Carlos Beraldi presentó un recurso extraordinario federal para revertir las condiciones de la prisión domiciliaria de la expresidenta en la causa Vialidad. También pidió que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no intervengan.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó este viernes un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia para revertir las condiciones de su prisión domiciliaria impuestas por el Tribunal Oral Federal N.° 2 y ratificadas por la Cámara Federal de Casación Penal el pasado 11 de julio.
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El escrito, firmado por su abogado Carlos Beraldi, cuestiona la obligatoriedad del uso de la tobillera electrónica y la restricción de visitas a su domicilio en el barrio porteño de Constitución, donde cumple una condena de seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad.
En paralelo, la defensa también presentó la recusación de tres jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, solicitando que el recurso sea resuelto por conjueces. El equipo legal pidió ser notificado del sorteo correspondiente, con el fin de poder asistir y “controlar su legalidad”.
En su planteo, Beraldi señaló que las restricciones impuestas a las visitas “resultan incompatibles con el derecho a la vida familiar y social” de la expresidenta. Argumentó que CFK necesita reunirse con frecuencia con profesionales contables, apoderados legales, peritos y asesores por diversos procesos judiciales y actividades personales que no han sido prohibidas.
“Una consideración aparte merece la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto, y por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”, se detalla en el documento.
La Sala IV de Casación, sin embargo, rechazó esos planteos y avaló los límites impuestos por el TOF N.° 2, al considerar que:
El fallo fue dictado pese a que el fiscal de la causa no había sostenido el recurso contra las condiciones del arresto.
Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez durante sus dos mandatos como presidenta. Aunque el fallo no está firme, se le concedió prisión domiciliaria mientras se resuelven las apelaciones ante la Corte.
Desde entonces, la exmandataria enfrenta múltiples causas judiciales y ha denunciado una persecución política y judicial en su contra. Su defensa insiste en que las condiciones impuestas son excesivas y afectan derechos fundamentales, como su libertad de asociación y su intimidad.
Ahora será la Corte Suprema —o los conjueces que eventualmente la reemplacen— la que deba decidir si da lugar al pedido de la defensa para modificar o anular las condiciones actuales de su detención.
