El Superior Tribunal de Justicia impulsa la profesionalización de la Justicia de Paz en el interior santiagueño con capacitaciones presenciales y articulación interinstitucional.
Con el objetivo de construir una Justicia de Paz más cercana, profesional y accesible, el Superior Tribunal de Justicia continúa desarrollando un programa de formación permanente para jueces de Paz no letrados y operadores judiciales del interior provincial.
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En ese marco, este lunes por la mañana se dictó en el Salón de Usos Múltiples de la sede judicial de Añatuya el curso titulado "El rol de la Justicia de Paz No Letrada en la provincia: Alcance y transformaciones", organizado por el Centro de Coordinación de la Justicia de Paz (CEJUPAZ) y encabezado por su responsable, la Dra. Gabriela Álvarez.
El eje central del programa es profesionalizar a los jueces de Paz no letrados, con el fin de que no sólo realicen tareas administrativas, sino que puedan cumplir un rol activo en la resolución de conflictos comunitarios, incluyendo situaciones de violencia de género, diferendos vecinales e intrafamiliares.
Para cumplir ese objetivo, se hace imprescindible una formación específica y continua, además de articular acciones con organismos del Estado como los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público Fiscal, la Defensa, la Policía de la Provincia, y también con organizaciones no gubernamentales.
En esta ocasión, participaron los titulares de los Juzgados de Paz de Averías, Estación Herrera, Villa Unión, Colonia Dora, Fortín Inca y Real Sayana, además de Ivana Garrido, responsable de la Oficina de Justicia de Paz No Letrada de la Circunscripción Añatuya.
También acompañaron miembros del Juzgado en lo Civil y Comercial, el Centro de Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos (CeMARC), el Gabinete de Psicología Forense, el Cuerpo Médico Forense y la Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer (OVFyM).
Asimismo, se hicieron presentes representantes de la Policía Comunitaria con asiento en Herrera, Icaño, Colonia Dora y Añatuya, reflejando el compromiso institucional con una Justicia de Paz inclusiva, preventiva y comunitaria en toda la provincia.