Graciela Ocaña y otros dos legisladores de Confianza Pública reclamaron ante la ANSES que se le quite el beneficio al expresidente, procesado por corrupción en la causa Seguros.
Tras el procesamiento judicial del exmandatario Alberto Fernández en la causa conocida como “Seguros”, legisladores porteños realizaron una presentación ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para solicitar la suspensión de la jubilación de privilegio que percibe el expresidente.
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La iniciativa fue encabezada por Graciela Ocaña, junto a los legisladores María Sol Méndez y Sebastián Nagata, todos integrantes del interbloque Confianza Pública, quienes firmaron el escrito dirigido al titular del organismo, Fernando Bearzi.
“Como es de público conocimiento, el día 10 de julio del corriente, el ex Presidente de la Nación fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa denominada ‘Seguros’”, sostiene el documento.
En ese contexto, los legisladores pidieron que se suspenda de forma preventiva la asignación mensual vitalicia que percibe Fernández, hasta que la Justicia resuelva su situación definitiva. Argumentaron que permitirle seguir cobrando un beneficio especial en medio de una investigación penal implica “perjudicar el erario público”.
“Es sabido que los beneficios que otorga la Ley 24.018 son un privilegio para quien desempeñó una de las funciones públicas más importantes del país. Pero si esa persona utilizó ese lugar para beneficio propio y cometió delitos, no puede mantener este beneficio”, afirmaron en el texto.
Según datos citados en el pedido, el exmandatario percibe una jubilación mensual de $8.877.518,67, cifra correspondiente al mes de febrero de 2025, lo que equivale a más de 24 jubilaciones mínimas.
La presentación también incluyó una crítica al contraste entre esta asignación y la realidad de millones de jubilados del país. “¿Qué mensaje está dando el Gobierno Nacional si un jubilado que trabajó toda su vida tiene que elegir entre comer o comprar medicamentos, y en cambio un ex presidente procesado por corrupción y violencia de género cobra casi nueve millones de pesos por mes?”, concluyeron los legisladores.
La causa en cuestión investiga un entramado de contrataciones de seguros estatales a través del Banco Nación con la participación de intermediarios allegados al entorno del expresidente, entre ellos su exsecretaria María Cantero y su pareja, el broker Héctor Martínez Sosa. Todos fueron procesados esta semana por el juez Casanello, en una resolución que generó fuerte repercusión política.
