Trabajadores de la industria electrónica protestan contra las medidas del gobierno de Javier Milei, que consideran un “ataque” al régimen fueguino. El gobernador convocó a empresarios y gremios para frenar la crisis laboral.
La provincia de Tierra del Fuego atraviesa una fuerte protesta sindical luego de que el gobierno nacional dispusiera una reducción de aranceles e impuestos internos para celulares y productos electrónicos importados. En rechazo a la medida, los trabajadores industriales comenzaron un paro por tiempo indeterminado, al que se sumó una huelga general de 24 horas impulsada por múltiples gremios.
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Desde el miércoles 14, fábricas como Newsan, Mirgor, Solnik, Radio Victoria, BGH y Midea Carrier paralizaron sus actividades en Río Grande y Ushuaia. Según la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), más de 6000 puestos de trabajo están en riesgo.
“Esto no es para bajar el precio de los celulares, es un ataque a nuestra industria”, denunciaron trabajadores en un acto frente a la planta de Mirgor. Allí, reclamaron a la CGT que convoque a un paro nacional en defensa del empleo fueguino.
El gobernador Gustavo Melella convocó a una mesa de diálogo con empresarios y gremios para este jueves 22, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad laboral. “Defender la industria es defender la soberanía y la dignidad de nuestra gente”, expresó.
El nuevo esquema del Gobierno favorece la importación al quitar el 16% de arancel que protegía a la producción local, lo que según el sector pone en desventaja a las empresas argentinas.
Desde gremios como UOM, ATE, ATSA, Asimra, La Bancaria, Judiciales y Transporte, ratificaron su adhesión a la protesta. Solo Petroleros quedó excluido por encontrarse bajo conciliación obligatoria.
En 2024, la industria fueguina fabricó 5,5 millones de celulares, superando ampliamente la producción de televisores y aires acondicionados. Las empresas Newsan y Mirgor concentran más del 87% del mercado.
Legisladores como Cristina López también repudiaron las medidas, que calificaron como “un golpe mortal a la industria nacional” y alineadas con “las exigencias del FMI”.
