La psicopedagoga falleció el pasado 4 de abril en una vivienda del barrio Saint Germain.
La fiscal Eugenia Callegaris agravó la imputación contra la enfermera detenida en el marco de la investigación por la misteriosa muerte de la psicopedagoga Patricia Leyría, ocurrida el pasado 4 de abril en su domicilio del barrio Saint Germain.
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En las últimas horas, la fiscal amplió los cargos y agregó las figuras de "peculado" y "aplicación indebida de estupefacientes". Según trascendió, la acusada habría sustraído ampollas de fentanilo del Hospital Regional, donde trabajaba. El próximo lunes se realizará una audiencia que encabezará la jueza Érika Casagrande, donde se resolvería la situación procesal de la enfermera imputada.
El informe del MPF
El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Eugenia Callegaris, lleva adelante una investigación en la cual se encuentra acusada una joven enfermera por los delitos de homicidio culposo, peculado y uso indebido de estupefacientes.
Según la hipótesis fiscal, la imputada, en su rol de enfermera del Hospital Regional, habría sustraído ampollas de Fentanilo y Midazolam del área de Cuidados Paliativos y Oncología del mencionado establecimiento. Posteriormente, habría administrado dichas sustancias sin indicación médica a la paciente Patricia del Valle Leyria, en su domicilio particular.
Estos hechos se habrían reiterado en varias oportunidades hasta que, el pasado 3 de abril del corriente año, tras una nueva aplicación de ambos medicamentos en dosis excesivas, la paciente sufrió un deterioro abrupto de salud que le provocó la muerte en cuestión de minutos.
Al tomar conocimiento del hecho, el Ministerio Público Fiscal intervino de forma inmediata y dispuso la detención de la profesional de la salud ordenando la realización de todas las diligencias y pericias necesarias para esclarecer el hecho.
Asimismo, se destaca la colaboración del Ministerio de Salud de la provincia, cuyo aporte fue fundamental para la identificación y trazabilidad de las sustancias sustraídas del hospital.
Desde la fiscalía se informó que continúan llevándose a cabo todas las acciones pertinentes para avanzar con la investigación.
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal advierte a la población que la sustracción de medicamentos de hospitales o instituciones públicas constituye un delito penal que puede ser sancionado con penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Además de ser una grave infracción legal, representa un serio riesgo para la salud y la vida de las personas y afecta directamente el correcto funcionamiento del sistema de salud pública.
