Gerardo Montenegro: "El nombramiento en comisión no puede ser un atajo a la Corte Suprema de Justicia"

En la sesión del Senado de la Nación llevada a cabo hoy, se debatieron los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, ambos postulados por el Ejecutivo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este contexto, el senador Gerardo Montenegro manifestó su postura, expresando su rechazo a la candidatura de García Mansilla por considerar que su incorporación al máximo tribunal de justicia se dio de manera irregular, mientras que apoyó la postulación de Ariel Lijo.

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Respecto a la candidatura de Lijo, Montenegro destacó que el magistrado cumplió con todo el procedimiento establecido por el Reglamento del Senado. A pesar de haber recibido impugnaciones, no se presentaron pruebas que acreditaran las acusaciones en su contra. Asimismo, subrayó que Lijo no ha recibido sanciones por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo encargado de evaluar la conducta de los jueces. Según sus palabras, las impugnaciones carecieron de fundamentos que demostraran falta de idoneidad moral, técnica y profesional del postulante.

Por otro lado, Montenegro cuestionó la designación de García Mansilla, asegurando que su nombramiento se dio de manera irregular. Señaló que, si bien se realizó la Audiencia Pública correspondiente, el pliego no fue dictaminado durante el período de sesiones ordinarias del Senado. Sin embargo, en el cierre del período de sesiones extraordinarias, el 28 de febrero, y un día antes del límite constitucional para los nombramientos en comisión, García Mansilla juró como integrante de la Corte Suprema. Según Montenegro, esto ocurrió en un marco de "absoluta informalidad", sin cumplir con los requisitos exigidos para futuros miembros del tribunal.

El senador remarcó que el nombramiento de García Mansilla se realizó sin dictamen del Senado y que su jura se llevó a cabo sin cumplir formalidades esenciales, como el bloqueo de su matrícula y la presentación de una renuncia a los patrocinios letrados. Estas irregularidades fueron señaladas ante la Corte Suprema por el abogado constitucionalista Gil Domínguez y posteriormente verificadas.

Montenegro enfatizó que, si bien la Constitución Nacional otorga al Poder Ejecutivo la prerrogativa de nombrar jueces en comisión en circunstancias excepcionales, este mecanismo no debe emplearse como una forma de evitar el acuerdo de la Cámara Alta y acceder a la Corte Suprema mediante atajos. Finalmente, reafirmó su compromiso con una justicia independiente, eficiente y soberana para el país.