La propuesta estuvo coordinada por el CUC y estuvo destinado a personal de intendencia del Poder Judicial y los Ministerios Públicos.
El Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales fue el ámbito donde se dictó el “Taller de Acceso a Justicia y Género. Ley Micaela”, propuesta que estuvo destinada al personal de intendencia del Poder Judicial y de los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa, respectivamente.
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En ese marco, la Dra. Alejandra Soria Vildósola, directora del Centro Único de Capacitación (CUC), dio la bienvenida a los asistentes, oportunidad en la que destacó la importancia de incorporar la perspectiva de género en el ámbito laboral cotidiano.
Seguidamente, dio comienzo la propuesta a cargo de la Lic. Claudia Osorio Meneghini y Guadalupe Carreras, jefa del Área de la Mujer e integrante de equipo interdisciplinario de la Oficina de Protección a la Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer (OVFyM), del Poder Judicial.
Refiriéndose a los objetivos del taller, la primera de las profesionales mencionadas dijo que “se busca incorporar todo lo que venimos trabajando en la Oficina desde el año 2016, en cuanto a perspectiva de género en el servicio de Justicia, ya que nosotros somos el órgano responsable de capacitación. De este modo, los asistentes pueden incorporar todo el contenido y herramientas con una mirada diferente en el servicio de Justicia que es lo que viene priorizando el Poder Judicial”.
La capacitación fue realizada en modalidad presencial, combinando lo teórico y práctico, con carácter dinámico e interactivo, sobre la base de dos ejes temáticos. Una parte tiene que ver con el patriarcado en estas situaciones, de cómo se desempaña cada uno y cómo influyen los estereotipos. La segunda parte está relacionada con la temática de la violencia de género, con contenido audiovisual y relatos, que posibilitan la reflexión y el debate entre los asistentes.
Debe consignarse que el material difundido fue diseñado y elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de Nación; validado por Naciones Unidas y declarado como “Buenas Prácticas” por la Organización de los Estados Americanos.
Cabe apuntar que la actividad, que otorga certificado de asistencia, estuvo coordinada por el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial.
