Tras los violentos enfrentamientos en la movilización de jubilados y barrabravas, el oficialismo prepara un operativo especial para evitar nuevos desbordes y reitera su política de mano dura contra los manifestantes.
La marcha de jubilados y barrabravas del pasado miércoles frente al Congreso de la Nación marcó un punto de inflexión para el Gobierno de Javier Milei, que ahora busca articular de manera más eficiente el accionar de las fuerzas de seguridad de cara a una nueva manifestación prevista para la próxima semana.
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Los incidentes registrados dejaron un saldo de cientos de detenidos y varios heridos de gravedad, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza y lucha por su vida. Ante la posibilidad de que la próxima movilización convoque aún más personas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya trabaja en un operativo especial coordinado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El pasado viernes por la tarde, Bullrich se reunió con el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, y los jefes de las fuerzas federales, así como con el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz. Según informaron fuentes oficiales, el encuentro buscó fortalecer la coordinación entre las fuerzas de seguridad y definir una estrategia para contener la movilización.
Entre las medidas que se implementarán, se destacan la instalación de vallados, el refuerzo del control en los accesos y un seguimiento minucioso de los manifestantes en su llegada a la Plaza del Congreso. Además, se prevé un comando unificado para gestionar la operatividad en tiempo real y minimizar el impacto de posibles enfrentamientos.
El Gobierno también confirmó que continuará utilizando balas de goma y gases lacrimógenos, con el objetivo de reducir el tiempo de los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos. Si bien se contempla la posibilidad de enfrentamientos cuerpo a cuerpo, se buscará que la respuesta sea "moderada" para evitar desbordes.
Por su parte, el presidente Javier Milei endureció su discurso y advirtió que no tolerará actos de violencia: "El que las hace, las paga. Los buenos son los de azul, los hijos de puta los que andan con trapos en la cara. Los vamos a meter presos y vamos a defender a la República".
En esta línea, el Ejecutivo denunció penalmente a los barras y militantes detenidos en la marcha anterior, imputándolos por asociación ilícita, sedición y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática. Asimismo, solicitó que se declare incompetente a la jueza que ordenó sus liberaciones.
Finalmente, el Gobierno incluyó en la causa información sobre supuestas concentraciones previas a la manifestación en los municipios de Lomas de Zamora y La Matanza, gobernados por Federico Otermín y Fernando Espinoza, respectivamente. Esta documentación podría utilizarse para vincular a dirigentes políticos con la organización de la protesta y eventuales desmanes.