La implementación de políticas autoritarias, como el nombramiento de jueces de la Corte mediante DNU y la firma de acuerdos con el FMI sin la debida divulgación pormenorizada, plantea interrogantes sobre la estabilidad institucional y económica del país.
Por Pablo Tigani, en diario Ámbito
En el complejo entramado de la economía argentina, las recientes medidas adoptadas por el gobierno han generado inquietud en los mercados financieros. La implementación de políticas autoritarias, como el nombramiento de jueces de la Corte Suprema mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la firma de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin la debida divulgación pormenorizada, plantea interrogantes sobre la estabilidad institucional y económica del país.
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Además, la represión de manifestaciones sociales y la naturalización de discursos violentos en la esfera pública configuran un escenario que podría afectar la confianza de inversores y actores económicos. Este artículo propone un análisis de cómo estas dinámicas políticas y sociales pueden influir en el clima de negocios y en la previsibilidad económica de Argentina.
Argentina atraviesa una coyuntura crítica en la que las tensiones políticas, económicas y sociales convergen en un entramado de violencia institucionalizada y un fenómeno de mimetización con la lógica de gobierno. Mejor dicho, una parte significativa de la sociedad se ha mimetizado, ha naturalizado prácticas discursivas y políticas marcadas por el enfrentamiento, la descalificación y la imposición de medidas autoritarias. La relación entre el proyecto libertario y la reinstalación de modos arcaicos de resolución de conflictos, con especial énfasis en el rol del Estado y su vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), han evocado un “revival” de las peores épocas del país.
La mimetización con Milei: la violencia como modo de relación
Decíamos que el ascenso del “libertarismo” en Argentina se ha acompañado de un fenómeno de mimetización que trasciende la adhesión ideológica explícita. Muchos ciudadanos han incorporado, consciente o inconscientemente, un modo de relación social caracterizado por la agresión verbal y la deslegitimación del adversario. Esta dinámica replica formas autoritarias propias de regímenes previos a la recuperación democrática de 1983.
La lógica de confrontación no solo se manifiesta en la esfera política, sino que impregna el discurso público y cotidiano. La agresividad presidencial encuentra eco en una parte de la sociedad que ha asumido como legítima la descalificación sistemática de actores opositores, periodistas y referentes sociales. Otros ciudadanos o actores de redes sociales directamente insultan apelando a obscenidades. En este contexto, la violencia deja de ser un fenómeno marginal para convertirse en un instrumento central de gestión del disenso.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el FMI: ¿Reforma o autoritarismo económico?
El gobierno ha profundizado una estrategia de gobierno por decreto que redefine las reglas del juego democrático. La reciente firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar en el acuerdo con el FMI ejemplifica esta tendencia. Bajo la justificación de necesidad imperiosa, el Ejecutivo se ha arrogado facultades que deberían ser debatidas en el Congreso, debilitando la institucionalidad democrática.
El DNU establece un acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) hasta 2035, reestructurando la deuda a costa de futuros gobiernos. Sin embargo, omite detalles clave como la magnitud de los desembolsos, las metas macroeconómicas exigidas por el FMI y las condiciones asociadas al ajuste fiscal. Este esquema impone un sacrificio intergeneracional en nombre de la estabilidad macroeconómica, sin un debate público profundo sobre sus implicancias.
