La falta de datos del periodo 1993-2024 ha impedido a los buenos especialistas ensayar valoraciones globales de estas tres décadas y de las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos.
Por José Armando Caro Figueroa
Para Clarín
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La abundante bibliografía existente sobre los temas de inclusión, exclusión, nuevos movimientos sociales, protesta social, planes de ayuda presenta una dificultad: no hay series de datos acumulados para el período 1993/2024; lo que de alguna manera ha impedido a los buenos especialistas ensayar valoraciones globales de estas tres décadas y de las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos.
Presentaré, a continuación, y pese a esta carencia estadística, algunas consideraciones provisorias acerca de las magnitudes y modalidades de la exclusión, y de las consecuencias políticas y sociales (queridas o no) de los modelos de ayudas gestionados y financiados por el Estado.
A mi modo de ver hay una primera constatación importante: El paulatino abandono de las medidas de reforma laboral y de reducción de cargas sociales orientadas a promover el empleo formal (ensayadas con dispares resultados por Menem y De la Rua) en beneficio de las transferencias monetarias y de la creación de ocupaciones definitivamente precarias diseñadas en tiempos del kirchnerismo.
Hay una segunda tendencia que apunta a perfeccionar las transferencias monetarias añadiéndole determinadas condicionalidades que tienen que ver con el desempeño -por parte de los beneficiarios- de tareas productivas en el ámbito y bajo las reglas de lo que se dio en llamar Economía Popular.
Algunas de estas medidas fueron inauguradas y potenciadas por los presidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner (como fue el caso de las moratorias para recibir jubilaciones y pensiones no contributivas) y otras por el presidente Mauricio Macri (Salario Social Complementario) en consenso con el peronismo kirchnerista y cuyo punto culminante fueron la Ley de Emergencia Social promulgada en 2016 (que dio entidad a los trabajadores de la Economía Popular y a sus organizaciones) y la creación del Monotributo Social que provocó el estallido de la clásica y rudimentaria categoría de trabajadores en negro o no registrados.
En cualquier caso, es preciso reconocer que las políticas públicas llevadas a cabo en el largo período 2003/2023 tuvieron varias consecuencias notables que, sin embargo, no alcanzaron a resolver los problemas estructurales del Norte Grande Argentino.
a) Atenuaron la conflictividad social no laboral liderada por piqueteros y estructuras barriales;
b) Crearon un tercer sector económico (que no es capitalismo de Estado ni economía de mercado sino Economía Popular) y una tercera categoría de trabajadores3 (la de los ocupados precarios registrados via Monotributo Social); y
c) Reforzaron el poder político y electoral del kirchnerismo en sintonía con los crecientes espacios de autonomía para la gestión de las ayudas concedidos a los movimientos sociales afines a la tendencia gobernante (concretamente, a los situados en la órbita de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular que, como se sabe, está integrada en la CGT).
Como una prueba (de las tantas) acerca de la casi inexplicada vitalidad del peronismo, puede consignarse que -a la hora de diseñar a este nuevo espacio de la Economía Popular-, los gobernantes y los actores sociales afines tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Iglesia y los antecedentes del proceso de reorganización de los sindicatos llevado a cabo allá por el no tan lejano año 1945.
Según datos oficiales, el número de beneficios (que no de beneficiarios) trepó de los 3.509.943 existentes en 2002, a los 13.664.392 registrados en 2022; cifra que incluye a las pensiones no contributivas. Un dato complementario es el que apunta Juan Luis BOUR (La Nación de 19 de enero de 2025): entre 2012 y 2023 ingresaron en esta categoría unos 4 millones de trabajadores. Una cifra que -traducida a votos electorales- pudo considerarse imbatible hasta la irrupción del “fenómeno Milei” que vino a demostrar que el cóctel de alta inflación con bajas remuneraciones suele terminar provocando cataclismos políticos.