A más de un año de la elección que consagró como presidente a Javier Milei otorgándole una indiscutida legitimidad democrática de origen, es fundamental analizar su manera de ejercer el poder.
Por Andrés Gil Domínguez
Para Clarín
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A más de un año de la elección popular que consagró como presidente a Javier Milei otorgándole una indiscutida legitimidad democrática de origen, es posible analizar su legitimidad democrática en torno a la manera de ejercer el poder. En dicho periodo el Presidente realizó las siguientes acciones:
*Sustituir el rol del Congreso a través de la utilización del mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia para modificar definitivamente amplios conjuntos de leyes sin cumplir los requisitos de habilitación para su dictado en los términos exigidos por la Constitución argentina o desconociendo las materias expresamente vedadas por la Constitución argentina (como por ejemplo la materia tributaria).
*Obstruir el funcionamiento del Congreso mediante el uso irrazonable y desproporcionado del veto, afectando de esta manera, a sectores vulnerables (como los jubilados) o a bienes sociales (como la educación pública superior)constitucional y convencionalmente protegidos.
*Violar la obligación constitucional y convencional de garantizar la diversidad de género en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
*Amenazar con designar en comisión a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando no se cumplen con las condiciones excepcionales exigidas por la Constitución argentina y se encuentra en marcha el proceso regular de designación de los doctores Lijo y García-Mansilla.
*Abusar del derecho en el ejercicio de la facultad reglamentaria modificando sustancialmente el contenido de las leyes (como sucedió con la ley de acceso a la información pública).
*Extender ilegalmente el presupuesto por dos años consecutivos.
*Alentar y financiar fuerzas de asalto digitales que persiguen, agreden y descalifican a toda persona que tenga un pensamiento crítico con el Gobierno.
*Atacar y descalificar en forma sistemática al periodismo que, a través de distintos formatos, expone información u opiniones críticas al Gobierno.
*Atacar y descalificar desde el Estado en forma sistemática a toda persona que repruebe al Gobierno.
*Desconocer el sistema de coparticipación federal previsto por la Constitución argentina y gobernar mediante un régimen de hecho unitario (salvo con las provincias “amigas”).
*Negar desde el Estado el Nunca Más como el pacto fundante de la democracia argentina desde 1983.
*Operar una “reforma constitucional encubierta” sin cumplir con el procedimiento previsto por la Constitución argentina.
Como se observa es fácil concluir que estamos ante un gobierno que intenta imponer un modelo autocrático y autoritario. Mientras tanto el Congreso y el Poder Judicial brillan por su ausencia como órganos de control y límite de los excesos del Poder Ejecutivo.
Se podrá argumentar que el Gobierno disminuyó la inflación y esto es un dato objetivo cierto, pero es necesario recordar, que la inflación en Venezuela, bajo la feroz dictadura de Maduro, fue en 2024 del 85%. Ningún éxito temporal macroeconómico puede justificar la erosión del sistema democrático, la negación del pluralismo político, la práctica de la tolerancia y la pérdida de derechos fundamentales. Sobran ejemplos históricos de cuál fue el resultado final de esta clase de modelos. Que esto no suceda en nuestro país.