Comparte el primer lugar, en cuanto a la cantidad de servicios que brinda a la comunidad, con el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro.
Un relevamiento anual que efectúa la Comisión Nacional de Acceso a Justicia (CNAJ), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ubica a los Poderes Judicial de Santiago del Estero y Río Negro, como los que ofrecen más métodos alternativos para resolver conflictos.
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En efecto, sobre un total de trece modos de acceso a Justicia contabilizados, once están implementados en el Poder Judicial de Santiago del Estero.
Cabe apuntar que este relevamiento incluye a los Poderes Judiciales de todas las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un trabajo que se viene realizando desde hace algunos años.
Puntualmente, en Santiago del Estero se aplica, desde hace más de una década, la mediación obligatoria en asuntos de familia y diferendos patrimoniales, mientras que la comunitaria es voluntaria.
En tanto, en el transcurso de 2024 se crearon las Oficinas de Justicia de Paz No Letrada en todos los Centros Judiciales del interior provincial, para fortalecer el trabajo que llevan adelante los jueces de Paz No Letrados, en una labor coordinada con el personal del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (CeMARC).
También se cuenta con la Oficina de Protección a Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer, una de las primeras que funciona en el interior del país, al igual que el Juzgado de Género y el Equipo Técnico de Atención a la Violencia, que desarrolla un programa de reeducación de personas que ejercieron violencia doméstica.
En la página web de la CNAJ, se considera que el concepto de “Acceso a Justicia” es más amplio que el de “Acceso a la Justicia”, ya que incluye una gran variedad de soluciones alternativas en casos de litigios.
En ese marco, las políticas judiciales procuran garantizar el acceso a Justicia de los sectores de la sociedad más vulnerables, proponiéndoles métodos de resolución alternativa de conflictos, para que las partes involucradas puedan encontrar la solución en forma consensuada y sin intervención de un magistrado, evitando la apertura de un proceso judicial tradicional.