Sairam Rivas, activista y pareja de Jesús Armas, contó los detalles de su secuestro, ocurrido el 10 de diciembre. Nueve días después, pudo confirmar que había sido trasladado al Helicoide.
El gobierno de Nicolás Maduro continúa deteniendo a dirigentes opositores y civiles casi seis meses después de las elecciones presidenciales que recrudecieron la crisis política en Venezuela. Jesús Armas, profesor universitario y abogado, es uno de ellos.
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El también exconcejal del municipio Libertador de Caracas y director de las ONG Monitor Ciudad y Ciudadanía sin límites fue secuestrado el 10 de diciembre y tanto la ONG Provea como su familia denunciaron que fue torturado. Durante días, no hubo información sobre su paradero, hasta que este jueves su esposa, Sairam Rivas, logró confirmar que Armas fue trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el Helicoide.
Diosdado Cabello, durante uno de sus programas de televisión, había señalado a Armas y el dirigente y precandidato a alcalde Luis Palocz como integrantes de los “comanditos terroristas” que planeaban ataques selectivos con apoyo de la famosa banda de delincuentes comunes Tren de Aragua. Palocz también fue secuestrado días después del caso de Armas.
Rivas también es activista por los derechos humanos en Venezuela y estuvo detenida en el Helicoide durante cinco meses en el 2014, en uno de los períodos más cruentos de protestas contra el chavismo, en el que murieron 43 personas. Ella era una dirigente estudiantil en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela en esa época, y fue acusada por el Ministerio Público de instigación pública, asociación para delinquir y uso de adolescentes para delinquir.
Este sábado, Rivas contó en TN Internacional que su esposo “fue secuestrado en un café de Caracas”. “Entre las 20 y las 20:30, llegaron efectivos sin ningún tipo de identificación, encapuchados, vestidos de negro, lo sacaron de manera forzada y lo metieron en una camionera 4 Runner plateada sin patente”, relató, según el testimonio de un tercero que vio toda la secuencia.
Jesús Armas logró hacer una llamada seis días después de haber sido detenido de manera arbitraria y pudo contarle a Rivas lo que había ocurrido. “Había estado en Boleíta, Zona 7, que es una sede de la PNB [Policía Nacional Bolivariana] y entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves [19 de diciembre], fue trasladado al Helicoide”, señaló la activista.
“Pudimos confirmar durante todos estos días que estuvo en una casa clandestina del SEBIN; luego, fue trasladado a Mari Pérez y presentado de forma telemática, hasta que llegó a la PNB de Boleíta”, agregó. Las casas clandestinas no son centros de detención no oficiales, sino lugares con dirección desconocida donde los presos políticos son torturados.
Tras enterarse de que hubo traslados desde el centro de detención de Boleíta, Sairam Rivas entendió que su esposo había sido trasladado al centro de tortura más grande de Latinoamérica. Allí, los agentes le recibieron la comida, pero le prohibieron las visitas tanto a ella como a la madre de Armas. “Le dijeron a su madre que él tiene muy pocos días allí y que no creen que vaya a poder verlo en Navidad y en ninguna de estas fechas familiares que son importantes porque ya hay presos políticos que tienen cuatro meses y no han recibido una sola visita”.
La campaña de Rivas y las ONG por el caso de Jesús Armas llegó a instancias internacionales. Su caso fue documentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, por la Misión Internacional y está siendo documentado por grupos de detención arbitraria, de desaparición forzada y por grupos de trabajo contra la tortura. Los abogados de Armas también se dirigieron a organismos venezolanos como la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, aunque no obtuvieron respuesta. “Vamos a seguir insistiendo en la libertad de Jesús y de todos los presos políticos de Venezuela”, remarcó.
Hasta el 16 de diciembre, la ONG Provea informó que hay 1877 ciudadanos presos que habían sido detenidos en el contexto poselectoral. Hasta el 16 de diciembre, tres presos políticos murieron en las cárceles comunes donde habían sido trasladados y sus familiares denunciaron que no recibieron asistencia médica cuando la necesitaron. La primera víctima fue Jesús Martínez Medina, quien murió en el estado Anzoátegui el 14 de noviembre; Jesús Rafael Álvarez murió el 12 de diciembre y Osgual González murió el 15 de diciembre. Ambos estaban recluidos en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo.