En el marco de la entrega de fondos del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, el gobernador cordobés aseguró mayor reinversión en infraestructura rural y anunció la eliminación de impuestos polémicos para el sector.
El gobernador de esta provincia, Martín Llaryora, en el acto de entrega de aportes del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) a 530 productores prometió que en el 2025 el 98% de los impuestos que la provincia le cobra al campo “volverán en obras” para el sector. En el proyecto de presupuesto que ya tiene aprobación en primera lectura de la Unicameral se prevé una “actualización” máxima de 180% del Inmobiliario Rural.
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El programa de Buenas Prácticas lleva ocho ediciones y es ejecutado por el Ministerio de Bioagroindustria. En esta oportunidad se distribuyeron $139,6 millones a productores agrícolas, ganaderos y frutihortícolas de diferentes tamaños. “Hace muchos años venimos defendiendo la Agenda 2030. Córdoba siempre estuvo adelante. No solo en el país sino en Sudamérica -dijo Llaryora-. Lo de hoy es una prueba que la provincia va un paso adelante. Este año es récord por la cantidad de participantes en el programa de BPAs”. El programa valora cuatro ejes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con foco en personas, planeta, prosperidad y alianzas, este último incorporado este año. En total se relevan 18 prácticas a partir de más de 60 indicadores.
“Queremos que el 98% de lo que paga el campo en impuestos vuelva al campo en infraestructura, obras, patrulla rural, servicios de conectividad y caminos”, anunció Llaryora y planteó que eliminará los impuestos a las llamadas zonas rojas y ratificó la quita del impuesto a la “mera compra”. La decisión atiende un pedido de los sectores agropecuario y de la producción.
A mediados de año la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) le pidió que vuelva a sacar ese gravamen a la mera compra de productos agropecuarios con el Impuesto a los Ingresos Brutos. Córdoba había eliminado esa carga en la gestión de Juan Schiaretti, después de acordar con algunos demandantes que dejaran sin efecto los planteos judiciales. Sin embargo, en marzo de este año la actual administración la restituyó. Ahora la quitaría.
Sobre el BPAs el ministro Sergio Busso precisó que “son más de 50 instituciones que vienen legitimando todos los años este diseño de un programa. Es una verdadera política de Estado, porque son medidas que llegan para quedarse en el tiempo, más allá de quién gobierna. Y eso creo que es lo trascendente y lo que nos distingue a los cordobeses”.
El BPAs es ley; es una política pública construida con una profunda articulación público-privado, y Córdoba marca el camino a nivel nacional en la materia. Fue reconocida a nivel mundial con el Premio de Buenas Prácticas Regionales, establecido por la Organización de Regiones Unidas (ORU Fogar) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que se otorga todos los años a los mejores casos de políticas implementadas en el sector público.
La adhesión de Córdoba a la Agenda 2030 marca diferencia con la posición nacional, ya que el presidente Javier Milei la criticó y cuyo contenido no comparte en cuestiones fundamentales. La Argentina fue uno de los pocos países que no apoyó de manera explícita el pacto.