El estudio también mostró que en los últimos tres años se agudizó un fenómeno: el de la privación alimentaria, que para 2024 llegó al 24,3% de los hogares. Ese nivel equivale a los registrados entre 2004 y 2005.
Aquí aparece también un punto clave, que es la relevancia que tomó la asistencia social para recomponer los ingresos de la población más vulnerable. Para la UCA, el 36,3% de las familias reciben algún tipo de cobertura a través de programas sociales. Sin embargo, el organismo señaló que la tasa de pobreza del 49,9% se elevaría al 54,1% sin la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas; y sería del 55,4% si se eliminara la AUH, otros programas y las pensiones no contributivas.
“La cobertura de los programas sociales de transferencia de ingresos y asistencia alimentaria directa se incrementó a lo largo de las últimas dos décadas, con particular focalización entre los estratos de nivel socioeconómico muy bajo y bajo, pero incluyendo también en los últimos años a sectores de estratos medios bajos. En la Argentina urbana actual, el 35% de los hogares reciben asistencia económica directa o indirecta por parte del Estado Nacional, provincial o municipal”, describió el informe.
Familias sin capacidad de ahorro y con un fuerte recorte de gastos
Sumado a este panorama, la UCA también analizó otras variables para dimensionar la realidad de los hogares. A modo de ejemplo, la capacidad de ahorro desciende desde hace dos años y pasó de 11,1% en 2023 a 9,1% en 2024. Es decir, que este año menos de uno de cada 10 hogares urbanos tiene capacidad para ahorrar mensualmente.
A su vez, se incrementó la cantidad de grupos familiares que debieron recortar gastos en servicios esenciales, por lo que, a grandes rasgos, uno de cada tres ajustó en compras de medicamentos y pago de servicios públicos. A saber, el 31% de las familias achicaron gastos en atención médica; un 29,4% recortó sus gastos en remedios; un 27,1% no pudo pagar algún servicio público -como tarifas de luz, gas o agua-; y un 29,9% no pagó algún impuesto por razones económicas.
En esta línea, el escrito también se hizo referencia a la situación del mercado laboral. De acuerdo a sus estimaciones, cuatro de cada 10 personas activas cuenta con un empleo pleno y la baja demanda de empleo formal se compensa con trabajos más precarios. Asimismo, en 2024, el 44,8% de los ocupados del sector micro informal residieron en hogares en situación de pobreza; este porcentaje disminuye a 23,2% en el sector público y privado formal.
“Lo que estamos sufriendo hoy no es solo políticas de ajuste, sino el agotamiento de un modelo que tiene más de 20 años. Estamos en medio de la crisis y en una transición. Todavía falta la construcción de un nuevo modelo”, reflexionó el director del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia.
“Se llevó adelante una política de ajuste muy fuerte. Esa situación efectivamente produjo un aumento de la pobreza y otros deterioros sociales. Se hizo a un rimo muy acelerado, con un alto costo en los primeros meses, después de la asunción del Gobierno, pero con menos impacto desde el punto de vista social del que podrían haber tenido medidas de este tipo en otro contexto”, cerró Salvia.