La Justicia argentina ordena la detención de los bolsonaristas prófugos por el asalto a Brasilia

La Justicia argentina ordenó este viernes la detención de 61 ciudadanos brasileños que se encuentran en el país y tienen pedido de extradición por el ataque a los tres poderes públicos de Brasil perpetrado en 2023, confirmaron fuentes judiciales a La Nación, que confirmaron que hay dos detenidos.

La orden de detención fue emitida por el juez Daniel Rafecas a pedido del Superior Tribunal de Justicia de Brasil y alcanza a 61 ciudadanos brasileños, que se encuentran en la Argentina y tienen condenas con sentencia firme a penas de prisión efectiva, según las fuentes.

El 8 de enero de 2023, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia reclamando la intervención de las Fuerzas Armadas para deponer al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y denunciando un supuesto fraude en las elecciones. Hubo cientos de detenciones.

Brasil informó el 10 de junio que había pedido ayuda a la Argentina para localizar en su territorio la posible presencia de más de 140 fugitivos del asalto. Buenos Aires anunció no tener noticia del paradero de los atacantes.

“Nosotros todavía no tenemos ninguna información de ese tipo, no tenemos alertas rojas sobre esas personas. Es decir, una cosa es que Brasil las pida y otra es que tengan ya un proceso o una condena, que es el momento en que uno puede pedir una extradición. Es difícil pedir extradición si no hay una causa judicial o si no tienen una alerta de algún tipo que permita que se puedan enviar las personas. Tampoco tenemos el listado”, dijo entonces la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Y agregó que no tenían confirmado que esas personas en la mira de la Justicia brasileña hubieran siquiera ingresado al país. “Tenemos confirmado que entran brasileros todos los días, pero no quiénes son, cuántos son, qué causas tienen”, dijo para intentar bajarle el tono al asunto.

El mes siguiente, el presidente Javier Milei desairó la cumbre de Mercosur en Asunción, lo que fue muy criticado por sus pares de Paraguay, Uruguay y Brasil, principal socio comercial de Argentina en la región. Lula y Milei, rivales ideológicos, habían intercambiado insultos hasta que la diplomacia volvió a su cauce.

En octubre, el Gobierno modificó su ley sobre el estatus de refugiado, para dejar de conceder ese beneficio a los extranjeros que hayan sido imputados o condenados en sus países.

“Ya hay dos personas detenidas”, dijeron este viernes las fuentes judiciales. “En cualquier lugar de la Argentina donde sean identificados o ubicados serán detenidos y puestos a disposición del juzgado para comenzar el proceso de extradición”.

La policía había anunciado el jueves la detención en La Plata del brasileño Joelton Gusmão de Oliveira, de 47 años, cuando policías en su recorrido “observan a un masculino en actitud sospechosa”, según indicó el comunicado policial, sin dar más detalles. Tras identificarlo, observaron que sobre él pesaba una orden de “captura y detención” con fines de extradición a pedido de la Justicia brasileña.

El detenido había sido condenado en febrero a 17 años de prisión por intento de golpe de Estado, daño calificado, deterioro de activos, asociación criminal armada y abolición violenta del Estado de derecho.

El 8 de enero de 2023, miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron el palacio presidencial, y las sedes del Congreso y la corte suprema, reclamando la intervención de las Fuerzas Armadas para deponer a Lula y denunciando un supuesto fraude en las elecciones.

Esos incidentes volvieron a la luz la noche del miércoles pasado, cuando exactamente en la misma zona un excandidato a concejal por el partido de Bolsonaro, Francisco Wanderley Luiz, se inmoló con un explosivo tras fracasar en atacar la sede de la Corte Suprema.

Bolsonaro sembró dudas en varias ocasiones sobre el sistema de conteo de votos de Brasil, nunca admitió su derrota en las elecciones presidenciales de octubre de 2022 y se negó a asistir a la investidura del presidente Lula da Silva.

Fuente: La Nación