No se pudo concretar un entendimiento sobre el aumento salarial y los cambios en los convenios con los pilotos, los aeronavegantes y el personal de tierra agrupado en APA.
Finalmente, las negociaciones entre Aerolíneas Argentinas y los tres sindicatos aeronáuticos del ala dura pasaron a un cuarto intermedio hasta este martes para seguir analizando las propuestas de aumento salarial y de modificaciones en los convenios colectivos de trabajo. Mientras tanto, se mantiene la amenaza del Gobierno de que si no llegan a un acuerdo, la empresa estatal presentará el Procedimiento Preventivo de Crisis, que podría habilitar a la suspensión de personal o despidos por un monto menor al fijado por ley.
Cerca de las 22 de este lunes se había pactado redactar una minuta con los avances de lo hablado entre ambas partes para presentársela a consideración de Javier Milei, pero las autoridades de Aerolíneas lograron el respaldo de la Casa Rosada para seguir al día siguiente con las negociaciones. Aún no estaba definida la hora en que se reanudará la reunión en la sede de Aerolíneas ubicada en el Aeroparque. Fuentes sindicales insistieron que “el acuerdo sigue estando lejos”.
La serie de reuniones comenzó a las 14 con la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), después fue el turno de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y más tarde estaba previsto que se iniciaran las conversaciones con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), pero, sorpresivamente, la empresa decidió negociar en forma conjunta con los tres gremios.
Aerolíneas y los sindicatos aeronáuticos del ala dura reanudaron esta tarde las tratativas en medio de una fuerte presión del Gobierno: Javier Milei quiere que los gremialistas “acepten discutir los convenios colectivos y eliminen los beneficios” que tienen los empleados de la compañía estatal.
Uno de los jefes sindicales admitió que el clima fue tenso debido a la fuerte postura del Presidente: “Nos dijeron que si no firmamos el acuerdo, se cierra Aerolíneas o presentan el PPC (Procedimiento Preventivo de Crisis)”, que, sobre la base de la presentación de los números que demostrarían la crisis económica que atraviesa, habilita a una empresa a negociar con los sindicatos las suspensiones del personal o las indemnizaciones por un monto menor al fijado por ley.
A la salida de la reunión, en diálogo con los medios, Andrés Junor, represente de APLA señaló: “Nosotros nos comprometemos a continuar esta negociación hasta llegar a un punto de acuerdo, bajar el nivel de conflicto, porque es la responsabilidad que entendemos que tenemos, y por eso ir a una figura de procedimiento preventivo de crisis, pierde total sentido en un contexto así”.
Las tratativas se habían retomado el viernes pasado, en la sede de Aerolíneas de Aeroparque, sin los secretarios generales de los sindicatos y con la presencia de sus secretarios de Gremiales, pero, aunque no se llegó a un acuerdo, se había aceptado pasar a un cuarto intermedio hasta este lunes para seguir conversando y se dispuso una tregua sin medidas de fuerza mientras sigan las negociaciones.
En las reuniones de este viernes no se tocó de lleno el tema salarial, punto donde las posiciones se mantienen muy distantes. Los sindicatos se quejan de un desfase del 90% frente a la inflación desde diciembre y reclaman una mejora “con un 3 adelante”. Sin embargo, los funcionarios libertarios aún no se mueven de la oferta del 14% para el período junio-agosto. Las cifras están demasiado lejos. Pero a los gremialistas les quedó la sensación de que el Gobierno podría mejorar su propuesta de aumento salarial siempre que se modifiquen algunos puntos de los convenios.
Los sindicatos llevaron sus propias propuestas en ese sentido para mejorar la productividad, pero al Gobierno le interesa cambiar las cláusulas de los convenios que garantizan los remises para que pilotos y tripulantes de cabina se trasladen desde sus casas a los aeropuertos, y viceversa, un servicio que, según el oficialismo, le cuesta $1000 millones por mes al Estado. Y, en el caso de los pilotos, se busca que resignen los pasajes en clase ejecutiva para ellos y sus familias, que representan alrededor de $20.000 millones al año. Los funcionarios, de todas formas, se comprometieron a analizar las propuestas sindicales para dar este lunes una respuesta. Si conforman a Milei, avanzarán en su instrumentación. En caso contrario, se acelerará la definición sobre el futuro de Aerolíneas.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Tras la reunión del viernes pasado, Andrés Junor, secretario Gremial de Aeronavegantes, sostuvo que “fue positiva la reanudación del diálogo, que estaba cortado hace bastante tiempo” y que “la empresa transmitió una serie de cuestiones que son de su interés en términos convencionales”. Agregó que insistieron en su reclamo salarial ante un atraso del 86% respecto de diciembre pasado, mientras aclaró que la privatización de Aerolíneas “no forma parte de la discusión actual” y “tiene que darse en otro canal”.
Ese mismo día, Milei afirmó que “en la Argentina se sale laburando, no parando y extorsionando” al aludir a los sindicatos aeronáuticos, mientras que el secretario de Transporte, Franco Mogetta, dijo: “Vamos a ir por la privatización y si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará. Pero Aerolíneas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares al Estado”.
La tensión entre el Gobierno y los sindicatos aeronáuticos creció luego del agravamiento del conflicto en Intercargo, donde el despido de un empleado provocó el miércoles y el jueves pasados protestas y asambleas de APA que afectaron a cientos de pasajeros, atrapados en los aviones sin poder bajar. En respuesta, el Gobierno despidió a 15 empleados de Intercargo y anunció la desregulación del servicio de rampa en todos los aeropuertos, permitiendo la entrada de empresas privadas.
Los encuentros son de forma individual con cada sindicato, por lo que se espera que se extienda durante varias horas.
El último encuentro entre ambas partes fue el viernes, donde se acordó reanudar las conversaciones si los gremios se comprometían a no realizar medidas de fuerza durante la mesa de diálogo. Los sindicatos involucrados son la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).
En este contexto, el Gobierno sostiene que podría ofrecerle a los sindicatos un aumento salarial mayor al 14% si aceptan modificaciones en el convenio colectivo de trabajo. Para que sea más rentable la empresa, frente a una posible privatización, el Ejecutivo quiere eliminar el punto que le permite a los empleados usar remises y tener pasajes por vacaciones y períodos festivos.
Además, la gestión de Javier Milei les dio a los gremios la semana pasada un ultimátum frente a las reiteradas medidas de fuerza. Según dijeron fuentes oficiales, si los sindicatos no presentan un plan de trabajo para poder resolver los conflictos sin que afecten a la aerolínea, se avanzará con un Plan Preventivo de Crisis, que podría desencadenar en el cierre de la compañía.
En la misma línea, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, afirmó que “el Gobierno va a hacer todo lo que tenga que hacer para que los pasajeros no sean rehenes”.
El pasado miércoles y jueves creció el conflicto entre el Gobierno y los gremios aeronáuticos luego de un paro sorpresivo de Intercargo, que dejó a personas encerradas en los aviones y a otras sin posibilidad de obtener su equipaje.
La respuesta del oficialismo fue despedir a un empleado el miércoles y a otros 15 trabajadores el jueves, que prestaban servicios en Intercargo, dedicada al servicio de rampas en los aeropuertos. Además, el Ejecutivo anunció la desregulación de la tarea, por lo que habilitó el ingreso de otras empresas para operar esa tarea.