Están siendo investigados por su supuesta vinculación en una defraudación cercana a los $5.000.000. La medida comenzó el 22 de septiembre.
La jueza de Control y Garantías, María del Huerto Bravo Suárez, dictó prisión preventiva por dos meses para tres empleados del Juzgado de Faltas, quienes están bajo investigación por su supuesta vinculación en una defraudación cercana a los $5.000.000. La medida comenzó el 22 de septiembre, fecha de sus detenciones, y se extenderá hasta el 22 de noviembre.
Los imputados, María José Díaz, Felipe Rojas Ocampo e Ivo Daniel Carrizo, están acusados de ingresar al sistema informático del juzgado recibos de pagos falsos entre abril y septiembre de este año. En la audiencia, Díaz, quien trabaja en el área de Notificaciones y está embarazada, fue representada por el abogado Juan José Saín. Rojas Ocampo tuvo como defensores a Guillermo Tuma y Francisco Bordi, mientras que Carrizo estuvo asistido por Carlos Ríos López.
El fiscal Mauricio Fabián Abramzuc, a cargo de la investigación, los acusó formalmente por "presunta defraudación en perjuicio de la administración pública". El proceso se inició tras una denuncia presentada por el titular del Juzgado de Faltas, Matías Esteban Balmaceda, el 11 de septiembre. La alerta surgió cuando una multa de casi $500.000 contenía una firma sospechosa de uno de los empleados, lo que llevó a profundizar las investigaciones.
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La Fiscalía también cuenta con el apoyo de los abogados de Fiscalía de Estado, Alejandra Elián Collado y Marcelo Acuña, quienes buscan la restitución de la cifra millonaria defraudada.
Según la investigación, los tres empleados habrían utilizado facturas falsas y manipulaciones de otras nomencladas para cometer el fraude, lo que resultó en un daño económico significativo para el Estado. Las detenciones de los sospechosos se realizaron el domingo 22 de septiembre, en redadas ejecutadas por el personal del Departamento Delitos Económicos bajo la orden del juez de Control y Garantías, Sergio Guillet.
El proceso también se complica por dos facturaciones vinculadas a infractores con los apellidos Trejo y Castaño, que habrían implicado a los empleados Díaz y Carrizo. Ambos adelantaron que no asumirán la responsabilidad del trabajo de otros compañeros, lo que podría generar conflictos entre los acusados o bien llevarlos a colaborar con la investigación. La Fiscalía no descarta que haya más implicados en el caso.