Cerraron el jardín de infantes del senado por negligencia y problemas estructurales

El viernes 18 de octubre pasado la vicepresidenta, Victoria Villarruel, decretó el cierre temporal del jardín de infantes de la Cámara alta, inaugurado en 2015, por “irregularidades edilicias”. La resolución en cuestión suspendió todo tipo de actividad y otorgó a los 72 padres/madres de los menores que concurren a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre: en el lote se encontraba la legisladora santacruceña Natalia Gadano, una situación que se enmendó a los cuatros días -el martes último- con una nueva norma de la titular de la Cámara alta, que ahora liberó a más de 100 agentes.

Las resoluciones en cuestión llevan el número 43 y 47, respectivamente. En la primera, Villarruel detalló que la Dirección de Obras y Mantenimiento comunicó “que el inmueble afectado a la Guardería y Jardín Materno Infantil, sito en la calle Moreno 2010 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta vicios estructurales que lo hacen impropio para el desarrollo de sus actividades y ponen en riesgo inminente la vida, seguridad e integridad psicofísica de las personas que allí concurren, por lo que resulta imprescindible suspender sus actividades hasta tanto se subsanen las observaciones efectuadas”.

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Según consta en el decreto presidencial 43 del corriente año, “dicho informe deja en evidencia la negligencia, desconsideración y temeridad con las que las gestiones anteriores han ejercido la actividad de guardería materno infantil, exponiendo a nuestros niños y trabajadores a riesgos inadmisibles, y que han configurado la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación”.

Fachada del lugar

En la norma en cuestión además se dejó en claro que “corresponde otorgar licencia especial con goce de sueldo hasta el 31 de diciembre de 2024 al personal que se desempeña en dicho establecimiento y a los empleados que sean padres, madres o tutores que posean a su cargo el cuidado de los niños que allí concurren, con debida certificación de tales circunstancias obrantes en sus legajos”.

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Desde el equipo de prensa de Villarruel se señaló, el 18 de octubre pasado, que “el ‘Jardín Del Bosque’ no cumple con la normativa correspondiente a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP”. Entre las irregularidades mencionadas aparecen problemas con “el plano de instalaciones contra posibles incendios (porque no declara los usos y ocupaciones real de todo el edificio y las instalaciones contra incendio solo abarca planta baja y 1er piso)”.

Por otra parte, no se “cumple con el Plan de autoprotección (no incluye a todo el edificio en un simulacro de evacuación ni a la totalidad de los ocupantes)”; y el “edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos (también funciona un centro de capacitación de APL, Asociación del Personal Legislativo)”.

En cuanto al último punto, se trata nada menos que del principal gremio del Congreso, que comanda desde hace largos años el kirchnerista Norberto Di Próspero, quien aparece en la lista para comandar el Partido Justicialista (PJ) que armó Cristina Kirchner.

El “Jardín del Bosque” fue creado en el Senado por una resolución del año 1996 y, un año más tarde, se dispuso el descuento de un porcentaje del sueldo a los agentes que inscribieran a sus hijos en el establecimiento educativo. El año pasado, tres días antes de dejar su cargo como vicepresidenta, Cristina Kirchner eliminó dicha retención.

Según consta en el Decreto Presidencial 03/23, en las consideraciones se sostuvo que la retención aplicada “en concepto de cuota de gastos menores de carácter operativo” choca con “el cuidado y educación de los niños y niñas”, que “no puede ir en desmedro ni del derecho al trabajo, ni del salario de las y los agentes de este Honorable Senado”.

No obstante, hasta ese momento y durante casi tres décadas -de la que formaron parte los gobiernos kirchneristas- se retuvo un porcentaje del sueldo a los empleados que hicieran uso del establecimiento en cuestión. Al menos, hasta la resolución del 7 de diciembre pasado, que derogó dicho mecanismo.