En medio del conflicto con alumnos y docentes que comenzaron a ocupar edificios educativos, la Procuración del Tesoro autorizó a la SIGEN a fiscalizar los fondos destinados a las universidades.
En un contexto de tensión tras el veto del presidente Javier Milei al financiamiento universitario, que desató la ocupación de instituciones educativas por parte de alumnos y docentes, el Gobierno emitió una resolución que permite auditar a las universidades nacionales.
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El documento, firmado por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, autoriza a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a controlar los recursos financieros de estas instituciones, tarea que hasta el momento era responsabilidad exclusiva de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo vinculado al Congreso y presidido por Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete durante la administración de Alberto Fernández.
Barra argumenta que, según la Constitución reformada en 1994 y diversas normativas, el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera N.º 24.156 es aplicable a las universidades. La decisión fue comunicada previamente a diputados del PRO y del MID por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo en una reunión en la Casa Rosada.
El dictamen establece que la Constitución respalda mecanismos de control sobre la gestión pública, y que los principios de ética y transparencia son fundamentales, por lo que el control de la SIGEN no se contrapone a la auditoría interna que las universidades deben realizar según la Ley de Educación Superior.
Esta medida surge en medio de un enfrentamiento entre el Gobierno y las autoridades universitarias, mientras el presidente Milei insiste en controlar el destino de los fondos asignados a estas instituciones. Durante un evento reciente, Milei afirmó que en un país con altos índices de pobreza infantil y dificultades en la educación básica, la universidad gratuita actúa como un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyas familias tienen los recursos necesarios para acceder a la educación superior.
El conflicto se intensificó luego del veto presidencial a un proyecto aprobado por el Congreso que otorgaba aumentos salariales a los docentes y no docentes del sector, lo que provocó una serie de protestas y tomas en varias universidades.
Uno de los objetivos del Gobierno es garantizar que las universidades cumplan con los procedimientos de compra establecidos para toda la administración pública. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, adelantó en una entrevista que esta iniciativa busca asegurar la transparencia en las adquisiciones universitarias, aunque aún se evalúa la forma de implementarla.
El dictamen también subraya que las universidades están sujetas a un control externo por parte de la AGN, pero también deben someterse a la fiscalización interna de la SIGEN, tal como lo establece la Ley de Educación Superior.