Un funcionario policial denunció a un superior y fue sancionado. De acuerdo a lo expuesto, se cobraba “bajo la mesa” la custodia de una finca.
Un escándalo de proporciones volvió a golpear a la cúpula de la Unidad Regional 4 de la Policía de la Provincia de Salta, al ser denunciado el director de la misma, comisario general José Luis Alfaro; nada más ni nada menos que por el segundo jefe de esa unidad policial, comisario mayor Martín Flores Saravia. Este último denunció penalmente a su inmediato superior por -según dijo- un entramado de cobro y protección privada a finqueros y empresas del norte de la provincia. Esta tarea la cumplía la Policía Rural con personal remunerado por la Provincia, utilizando para llevar y traer a los "custodios nocturnos" vehículos y combustible del Estado provincial. Los agentes que cumplían esta labor cobraban por "bajo la mesa", adelantado y en efectivo.
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Si esta irregularidad suena a poco, no lo es el hecho -según la denuncia- que los "patrocinantes" incluso les habían provisto de un trailer con casilla para que los efectivos controlen los fondos de una propiedad ubicada en la frontera misma con Bolivia.
Además, en la ponencia de Flores Saravia, se detectó que una empresa petrolera mantiene una deuda de seis millones de pesos por estos adicionales. Pese a ello, el jefe acusado ordenó que no se le quite el servicio.
De acuerdo a lo publicado por El Tribuno de Salta, las actuaciones se iniciaron cuando Flores Saravia quedó a cargo interinamente de la jefatura y cayó en cuenta que empresas privadas y finqueros utilizaban el recurso humano y los bienes del Estado para controlar sus activos y los movimientos de personas en los límites casi internacionales. Que la contratación y cobro por ese servicio se hacía de manera irregular y no pasaba por el control de la institución policial. Era un arreglo directo entre los empresarios y el jefe, quien ordenaba y elegía a los policías para la tarea de vigilancia y control nocturno, vaya a saber de qué cosa.
El informe de un cabo de la administración de la Unidad Regional 4 dio precisiones sobre el asunto. Reconoció que en su cuenta personal se hacían las transferencias y él, personalmente, bajo las órdenes del jefe, realizaba el pago de los adicionales truchos, incluso debía depositarle al jefe los remanentes de cash.
Todos los movimientos quedaron documentados, incluso las órdenes del jefe vía whatsapp.
El cabo Loaiza puso en conocimiento que se realizaban servicios adicionales nocturnos con tres efectivos sobre ruta provincial 54, realizados por personal de la Dirección de Policía Rural, dispuestos por el acusado, el comisario Alfaro. La pesquisa descubrió que productores agropecuarios y ganaderos de la zona depositaban dinero en la cuenta del cabo y desde allí se distribuía para el personal designado.
Apenas el policía Flores Saravia denunció a su superior fue inmediatamente puesto en disponibilidad. Ayer el denunciante estuvo presente en la fiscalía penal 1 de Tartagal, a cargo de Pablo Cabot, donde habría ratificado su denuncia.
Los chats y las planillas no mienten
Tras estallar el escándalo, la Policía dispuso que no envíen recursos a realizar ese "servicio" pero que sí se realice circulación por la ruta 54 y zonas aledañas de manera preventiva, dejando debidamente constancia en el libro de guardia.
Según lo denunciado el "jefe" llamó vía telefónica a un subalterno solicitando que envíe por mensaje de whatsapp sus datos personales, como así también del CBU y que en el transcurso del día iba a recibir una trasferencia de dinero, luego de dos días el efectivo recibió nuevamente un llamado del comisario general José Luis Alfaro, quien le dijo "recibiste la plata a tu cuenta", y a posteriori le imparte las directivas sobre la "distribución del dinero".
Así funcionaba una pequeña oficina de adicionales en "negro" en la Unidad Regional 4. Desde julio pasado la operatoria estuvo a diario. Tres personas para una finca privada en un control irregular de un lugar de frontera con efectivos de la Policía de la Provincia de Salta, bajo directivas de los patrocinadores, supuestamente, ya que la contratación era irregular e ilegal en todo sentido.
La Unidad Regional 4 ya había sufrido un cimbronazo hace apenas unos meses, cuando justamente personal de una división de frontera intentó trasladar desde Salvador Mazza hacia Tartagal, en un móvil policial, 420 kilos de cocaína, siendo detenidos por una patrulla de Gendarmería Nacional antes de llegar al control de la localidad de Aguaray.
Dos policías fueron detenidos (luego se los exoneró de la fuerza) , aunque el jefe de la patrulla logró huir abriéndose paso a balazos.
Tras esos escandalosos hechos, el jefe de la Unidad Regional 4 fue relevado y días después asumió ese puesto el actual director, quien en apenas unos meses fue denunciado por el segundo jefe, pero el hilo se cortó por lo más delgado.
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