El resultado será crucial para la administración de Milei, ya que representaría no solo una validación de su decisión, sino también una señal de su capacidad para mantener el respaldo legislativo en temas controvertidos.
Este miércoles, el Congreso debatirá el apoyo o rechazo al veto dispuesto por el presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. En las últimas semanas, el panorama era incierto y complicado para el Gobierno, pero en las últimas horas, resurgió un renovado optimismo en la Casa Rosada.
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El oficialismo confía en que el “escudo legislativo” funcionará para mantener vigente el veto presidencial. El equipo cercano a Milei que incluye a Karina Milei y Santiago Caputo, el conocido “Triángulo de hierro”, espera conseguir los votos necesarios para respaldar la decisión presidencial.
Fuentes del Gobierno afirman que cuentan con al menos 80 votos asegurados, lo cual, sumado a posibles ausencias de algunos legisladores, podría facilitar la ratificación del veto. Las negociaciones fueron intensas y se espera que los esfuerzos de último minuto logren alcanzar el “número mágico” de 84 o 85 votos, el umbral necesario para que el veto quede firme.
Uno de los puntos clave en estas tratativas ha sido el bloque radical. Según fuentes oficiales, al menos dos de los cinco diputados de este espacio, conocidos por su independencia política, ya habrían asegurado su respaldo al veto de Milei.
Las conversaciones con los otros tres miembros continúan, y la posibilidad de que alguno se ausente en la votación es vista como favorable por el oficialismo. A su vez, dentro del PRO, se encuentran al menos tres legisladores que han expresado su desacuerdo con la decisión de la mesa directiva, lo que podría traducirse en un voto favorable al Gobierno.
El resultado de esta votación será crucial para la administración de Milei, ya que representa no solo una validación de su decisión sobre el financiamiento universitario, sino también una señal de su capacidad para mantener apoyo legislativo en temas controvertidos. De ratificarse el veto, el gobierno lograría consolidar su postura sobre el financiamiento educativo y reforzar la autoridad presidencial en un momento en el que las tensiones políticas están en su punto más alto.