Presunta estafa al Juzgado de Faltas: los acusados habrían falsificado comprobantes para el desvío de fondos

La Fiscalía investiga a tres empleados del Juzgado de Faltas por su presunta implicación en una estafa contra la administración pública, que habría generado un perjuicio millonario a la provincia.

Se trata de dos hombres -de apellido Carrizo y Ocampo- y de una mujer -de apellido Díaz que se encuentra embarazada- quienes habrían falsificado comprobantes de pagos y transferencias, según informó el fiscal Nicolás Heredia.

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El caso salió a la luz el pasado 11 de septiembre, cuando el titular del Juzgado, Matías Esteban Balmaceda, presentó una denuncia tras detectar irregularidades en un control contable interno, realizado entre abril y septiembre de este año. De acuerdo con la denuncia, varios pagos no fueron ingresados en la cuenta asignada a la Secretaría de Seguridad y se habrían utilizado comprobantes falsos.

Maniobra delictiva y pruebas clave

La Fiscalía sostiene que los acusados, aprovechando su posición en el Juzgado, habrían cargado comprobantes falsificados en el sistema informático, lo que permitía desviar el dinero de las multas impuestas a infractores.

La maniobra habría beneficiado a los empleados implicados, especialmente a Carrizo, quien además trabaja como chofer en el mismo juzgado.

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Entre las pruebas recogidas se encuentran entrevistas a contadores del organismo, informes del Departamento de Delitos Económicos y documentación bancaria relacionada con las cuentas de la Secretaría de Seguridad.

También se destaca un allanamiento ordenado el 19 de septiembre por el juez Sergio Mario Guillet y diversos procedimientos que se llevaron a cabo hasta el 22 de septiembre.

Defensas piden auditoría y Carrizo guarda silencio

Los abogados de los detenidos solicitarán una auditoría para verificar las acusaciones. Carlos Ríos López, defensor de Carrizo, argumenta que el delito aún no fue debidamente acreditado.

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Mientras tanto, Carrizo decidió no declarar ante la Fiscalía, aunque se espera que amplíe su declaración en las próximas dos semanas, tiempo en el que su defensa intentará organizar su estrategia antes de que la Fiscalía pida la prisión preventiva para los tres acusados.