El Presidente Javier Milei anunció su intención de vetarla, y la oposición se prepara para una nueva lucha por el proyecto, temiendo repetir el fracaso de la fórmula jubilatoria.
Este viernes, el presidente Javier Milei confirmó que ejerció un veto total sobre la ley de Financiamiento Universitario, aprobada el jueves por la noche en el Senado. Ante esta noticia, sectores de la oposición comenzaron a preparar una nueva movilización para insistir con el proyecto original, en caso de que el Gobierno proceda con el veto dentro del plazo de diez días establecido.
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Para revertir el veto presidencial, el Congreso necesitaba alcanzar una mayoría especial de dos tercios de los presentes, una tarea que la oposición intentó sin éxito en la reciente disputa sobre la fórmula jubilatoria. En esa ocasión, la Casa Rosada logró cambiar el voto de algunos radicales que previamente habían apoyado la iniciativa, y también influyó en el bloque provincial Innovación Federal, que pasó de apoyar a abstenerse.
El presidente Milei argumentó que la ley, que incluía una recomposición salarial para el personal docente y no docente a partir del 1 de diciembre de 2023, tendría un impacto fiscal de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PIB. Los diputados radicales que votaron a favor del veto en la cuestión jubilatoria reconocieron que el principio del equilibrio fiscal y la postura contraria al kirchnerismo serían factores cruciales en la próxima votación.
Dentro del radicalismo, algunos sectores más duros temieron que los “traidores” volvieran a alinear sus votos con el Gobierno, a menos que hubiera una presión social significativa. “Esperamos que el Gobierno reconsidera su decisión sobre la ley. Si el veto se mantiene, convocaremos a una sesión en la Cámara de Diputados y organizaremos una gran movilización previa,” afirmó un dirigente radical.
El antecedente de la masiva marcha de estudiantes y docentes del 23 de abril, que llevó al Gobierno a negociar un aumento significativo en los gastos de funcionamiento, brindó esperanza a la oposición. Sin embargo, el impacto de las paritarias excluidas y el subsecuente proyecto de ley aprobado esta semana evidenciaron los desafíos por delante.
Desde el bloque radical, se planeó una gran movilización seguida de una sesión para presionar a los diputados críticos a mantener su apoyo. Algunos nuevos radicales “libertarios” no estaban preocupados, y sugirieron que el proyecto de presupuesto podría ofrecer una solución al conflicto. “La educación es un tema complicado y muchos aún no tenían una posición clara. Si el otro sector insiste con sanciones, algunos se sentirán más liberados,” indicó un diputado que posó con Milei en la Casa Rosada.
La disputa también reveló tensiones internas en la UCR, con diputados como Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi, que apoyaron el veto presidencial, enfrentando críticas. La Convención Nacional de la UCR propuso suspender sus afiliaciones hasta que el Tribunal Nacional de Ética se pronunciara sobre su situación.
Mientras tanto, la tensión siguió en aumento, con cada lado preparándose para la próxima batalla legislativa. La Casa Rosada se enfrentó a un nuevo desafío en su intento de mantener su control político mientras la oposición se preparó para una nueva ronda de presión pública y legislativa.