Haber logrado superávit fiscal y financiero debería ser condición suficiente para la apertura de Argentina a los mercados internacionales de deuda. Pero no. Ahora se requieren garantías de continuidad.
Por Nicolás Guaia, en diario Ámbito
En cada cambio de gobierno argentino, el entrante se asegura de comunicar la pesada herencia que el saliente deja. Se ponderan niveles insostenibles de deuda financiera, deuda comercial contingente, inflación reprimida, compromisos restrictivos con organismos multilaterales, expropiaciones, magnitud de gasto público y reservas internacionales inexistentes en un sinfín de reproches que muchas veces son lógicos. El cortoplacismo en la gestión de las cuentas públicas y el inevitable foco en las elecciones de medio término suelen llevar a que dos de los cuatro años de gestión conlleven niveles de gasto público incompatibles con una política económica de largo plazo.
Es esperable que Argentina tenga que exagerar su vocación de cambio cada vez que intenta acercarse al mercado financiero internacional. Más allá de los defaults históricos, lo notable es que el repago a acreedores ha sido interrumpido tres veces en los últimos diez años.
En 2014 se produjo el mal llamado “default técnico” y en 2020 la reestructuración producto de la supuesta insostenibilidad de la deuda. Más grave aún fue el de 2019, un default disimulado en su definición de “re-perfilamiento” que incluyó el pecado capital de afectar la deuda en moneda local.
Argentina no solo se ha ganado la reputación de defaulteador serial, sino que ha agravado la situación al punto de que los requisitos para recuperar el acceso al mercado internacional de deuda son inéditos.
Mauricio Macri asume en 2015 al frente de un país con déficit fiscal, deuda externa en default, inflación de dos dígitos y cepo cambiario. Su promesa de cambio le garantizó acceso al mercado internacional, pudiendo solucionar la cesación de pagos a poco de iniciado su gobierno.
El voto de confianza del mercado internacional fue total, generando un clima de euforia en las acciones, bonos y hasta en nuestra eternamente indeseada moneda local.
A pesar de que los primeros años de la gestión fueron alentadores, el desenlace no fue feliz y los inversores se vieron decepcionados. Parte del costo de esto recae en el actual gobierno.
La promesa de cambio es valiosa, pero ya no es suficiente. Pagar cupones y vencimientos de bonos se aplaude, pero los bonos siguen cotizando a precios de reestructuración. Tenemos superávit gemelos, pero el mercado pide acumulación de reservas. Las exigencias sobre el gobierno de Javier Milei son brutales.
Haber logrado superávit fiscal/financiero por seis meses consecutivos, en contexto recesivo y manteniendo la imagen del presidente prácticamente intacta, es hito histórico. Argentina tiene una oportunidad única de atacar el excesivo gasto público de forma definitiva dado que pocas veces un presidente argentino ha contado con un mandato popular de ajuste y austeridad. Estar sobre cumpliendo la meta debería ser condición suficiente para la apertura de Argentina a los mercados internacionales de deuda; lo hubiera sido en casi cualquier otra situación. Pero no. Ahora se requieren garantías de continuidad, garantía de acumulación de reservas. Garantías. Solo nos prestan dólares si tenemos dólares. Hoy Argentina tiene mejores números macro que varios países vecinos, los mismos que pueden emitir deuda sin problemas.
Los nuevos gobiernos ya no heredan los desequilibrios del anterior, sino que reciben un bagaje de promesas incumplidas que han elevado la vara para sanear nuestra reputación a niveles imposibles. No alcanza con ser un buen alumno, tenemos que demostrar que lo seremos de acá en adelante. Para ello, debemos exagerar nuestro compromiso de ser un país normal y embarcarnos en una reforma estructural que trascienda los cambios de gobierno. De lo contrario, el legado se será cada vez más pesado y las probabilidades de salir adelante, menores.