De acuerdo con el expediente, estas personas habrían enviado los fondos a una imprenta santafesina vinculada con uno de los apoderados para financiar el negocio. Un arreglo evidentemente ilegal que le habría significado importantes ganancias a la empresa.
Las boletas en cuestión incluirían entre sus numerosos postulantes a personas que nada tenían que ver con la política e incluso ni siquiera sabían que su nombre figuraba en las listas.
De hecho, a través de fuentes judiciales, la investigación fue impulsada a partir de la denuncia de una persona llamada Alejandro Puebla, vecino de la localidad de Zárate, que se enteró de que había sido incluido como precandidato a concejal y afirmó que jamás dio el conocimiento para ello, además de desconocer la maniobra.
Pero hay más: en la causa consta que otros precandidatos se encontraban muertos, en algunos casos, hace más de 10 años.
La resolución de 187 páginas menciona que “un grupo de apoderados y autoridades partidarias utilizaba datos de ciudadanos para conformar el cuerpo de afiliados y los órganos partidarios, y así constituir agrupaciones políticas”.
La estafa le habría permitido a los presuntos titulares “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.
Según el documento judicial, Proyecto Joven recibió unos $428 millones para aportes de campaña y por internas y para la impresión de boletas para diputados nacionales, senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur. Por las mismas categorías, Justicia y Dignidad Patriótica, Esperanza del Pueblo y Encuentro Republicano Federal percibieron más de $124 millones cada uno.
En todos los casos, el dinero habría sido remitido a Santa Fe para financiar la mencionada imprenta de uno de los apoderados.