El fiscal Pollicita incluyó en su acusación al líder del Movimiento Evita, titular de la Secretaria de Economía Social durante la gestión anterior.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita que fue responsable de la Secretaría de Economía Social durante el Gobierno de Alberto Fernández, sea citado a declaración indagatoria. Lo acusa de haber encabezado una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias. En el mismo dictamen presentado ante el juez Sebastián Casanello, el fiscal reclamó la declaración como acusados de más ex funcionarios nacionales y que el magistrado vuelva a convocar a indagatoria a Eduardo Belliboni, entre otros dirigentes. El fiscal sostiene que existió un fraude al Estado por al menos 36 millones de pesos.
“La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del ‘Polo Obrero’ frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde —al menos— marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través del cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social — encabezada por Emilio Pérsico— que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social”, dijo Pollicita en el dictamen al que accedió Infobae.
Allí se sostuvo que tanto funcionarios del gobierno de Alberto Fernández como las autoridades del Polo Obrero, dirigidas por Belliboni actuaron “con el propósito de perjudicar los intereses confiados, desviaron los fines de las políticas sociales en beneficio de las autoridades de la agrupación de izquierda y “se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional”.
El pedido de indagatoria apunta a Pérsico y los ex funcionarios de su área Pablo Ariel País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef. También pidió que sean nuevamente citados a declarar Belliboni, Mariano Centanni, Elizabeth De Palma, Ivan Ortiz, Maria Isolda Dotti, Erika Lubenfel y Ezequiel Coego, quienes aparecen en la firma de esos convenios, para ampliar la acusación por estos hechos.
El planteo llega cuando el juez Casanello ya había finalizado la ronda de indagatorias y se disponía resolver las situaciones procesales: si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito. Las acusaciones de extorsión se ampliaron a las sospechas de irregularidades en el manejo de dinero con facturas truchas.
Los imputados que aceptaron declarar explicaron que no se le negaba la comida a nadie. Los dirigentes más políticos aseguraron que los aportes de dinero eran voluntarios y que existe una persecución política por parte del Gobierno contra los movimientos sociales. Todos rechazaron los delitos. Y en los últimos días previos a la feria, el propio Belliboni había pedido ampliar su declaración.