El Gobierno apuesta al blanqueo y la moratoria. La nueva etapa, con el ministro de Desregulación como estrella.
Por Eduardo Paladini
Para Clarín
Difícil que Javier Milei lo admita en público (y probablemente tampoco en privado), pero en el Gobierno miran con agrado un acuerdo que firmó el ex ministro de Economía Sergio Massa con Estados Unidos para rastrear bienes no declarados de argentinos en ese país. Se descuenta que son un montón. Lo explicaba una alta fuente a Clarín, este jueves, mientras garuaba en el Patio de las Palmeras en Casa Rosada.
En el Ejecutivo creen que esa información será una buena carta para "invitar" a esos contribuyentes a "regularizar" sus posesiones. En criollo a blanquearlas, a partir de la nueva posibilidad que habilitó la demorada Ley Bases y el Paquete Fiscal. Quienes posean más de 100.000 dólares deberán pagar un impuesto al Estado y quienes dejen sus billetes inmovilizados en los bancos, también ayudarán a fortalecer las reservas vía encajes.
La AFIP prepara una generosa campaña de difusión para intentar convencer a los argentinos que tienen esos bienes/dólares sin declarar a que lo hagan. "Va a ser una muy buena oportunidad, sin tener un Estado policía como con el kirchnerismo", ampliaba la fuente, resumiendo en clave política el espíritu de la movida.
Además, el Gobierno cree que conseguirá una importante cantidad de pesos con la moratoria también prevista en las leyes que sancionó el Congreso. Pero nada será demasiado efectivo si la actividad no arranca. O no termina de despegar, según el relato oficial, que insiste con que "lo peor ya pasó".
"La economía rebotó un poco gracias al campo y van un par de meses en los que los salarios le ganaron a la inflación. Somos optimistas", resumen para esta segunda etapa en la que la figura central del Ejecutivo seguiría proviniendo de la economía, pero de un despacho distinto. Si el funcionario clave para la primera etapa que evitó la híper y consiguió superávit fue Luis Caputo, el eje ahora girará en torno a Federico Sturzenegger.
El ministro de Desregulación viene encadenando anuncios que lo ponen en ese lugar. El último, en estas horas, terminó de sepultar al cuestionado Instituto contra la Discriminación (Inadi) y promete fusionar/eliminar decenas de organismos que en la mirada mileísta no tienen razón de ser.
Las provincias, con más obras y más caja
La reactivación económica, aseguran en Nación, también debería provenir desde las provincias. En parte, por las cuestionadas obras públicas que el Gobierno decidió reactivar.
Ahí resultó clave la mano del primero ministro de Interior y luego jefe de Gabinete Guillermo Francos, que cerró acuerdos con 20 de los 24 gobernadores. Básicamente se consensuó finalizar en el Interior las obras nacionales que fueran importantes y tuvieran un avance grande.
¿Quiénes quedaron afuera? Los "rebeldes" peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa). El riojano Ricardo Quintela, uno de los más críticos de Milei, terminó pasando finalmente por el besamanos.
El cuarto que no reactivará obras con la Nación es el porteño Jorge Macri, del PRO, pero porque no había trabajos parados con financiamiento de la Rosada. En el caso del jefe de Gobierno, la buena noticia vino con la promesa de que empezará a recibir la mayor coparticipación, tal cual avaló la Corte Suprema tras un largo pleito. En la Ciudad están ansiosos: la canilla tiene que abrirse como corresponde entre miércoles y jueves próximos.
Pero además de las obras y la mayor "copa" porteña, los gobernadores comenzarán a recibir una tajada grande de lo que empiece a recaudarse por el nuevo/viejo impuesto a las Ganancias que afectará a los trabajadores. En algunas provincias no duermen: lo que les entra por este impuesto equivale casi un 10% de su coparticipación mensual.
Este impacto grande suele ocurrir paradójicamente en las provincias pobres, donde son pocos los empleados afectados por la reposición del impuesto. Más plata para el gobernador, sin vecinos enojados. Win-win.
Cómo caerá el recorte de Ganancias en la clase media y alta es una incógnita. En la Rosada afirman que el monto para los sueldos más bajos alcanzados será relativamente menor, entre 30.000 y 80.000 pesos por mes. Pero como con los anuncios de aumento de tarifas, hasta que no lleguen los descuentos mejor no cantar victoria.