Hace ya más de un mes que un niño de cinco años se ha esfumado en el aire. Los niños no se esfuman en el aire, ni los adultos. La ausencia de Loan Peña en un pueblo de Corrientes obedece a un delito gravísimo. Hasta hoy, el caso sigue impune y el chico sin aparecer. Otro desaparecido más.
Por Alberto Amato para Infobae La investigación apunta a todos los adultos que el pasado 13 de junio compartieron un almuerzo con Loan, que desapareció delante de los ojos de todos. Nadie desaparece delante de los ojos de nadie. Entre esos adultos hay miembros de la familia del chico, amigos de esos familiares y hasta ronda la escena el entonces comisario y parte de la oficialidad policial del pueblo correntino de 9 de Julio, escenario de esta gran tragedia argentina.
Todos los involucrados mienten. Mintieron y es de esperar que sigan mintiendo porque encubren ese delito gravísimo que la Justicia no puede todavía definir, porque Loan no aparece ni vivo ni muerto. Si todos mienten, es porque cada uno está de alguna forma involucrado en la desaparición.
Hay algo más grave que el hecho siniestro que rodea a la mentira de todos: alguien, tal vez más de una de esas personas, sabe la verdad. Y calla. Callar la verdad es tanto o más grave que mentir.
La impunidad que rodea el caso Loan fue comparada en estos días con la impunidad que rodea y rodeó al atentado a la AMIA. Es justo recordar que aquel hecho terrible que ocurrió hace treinta años, y ocurre aún, contó con una cobertura, vecina a la complicidad, de una parte del Poder Judicial. El principal sospechoso de haber entregado la camioneta bomba a los terroristas, hoy abogado, fue sobornado con cuatrocientos mil dólares, pagados por la SIDE con fondos públicos, para que acusara a un grupo de policías de la provincia de Buenos Aires de ser el contacto local con los terroristas. Los acusados fueron luego declarados inocentes. Para “convencer” al sospechoso de las ventajas del trato dólares por acusación, lo visitó en la cárcel una jueza que en ese momento presidía la Cámara Federal y que murió en 2010.
La combinación delito, poder político, policía, Poder Judicial es en la Argentina una garantía de impunidad. Que lo diga el caso Nisman. Sólo con que un fiscal no haga una pregunta, no ordene una pericia, una diligencia, un allanamiento; sólo con que un juez evite tomar una declaración, o lo haga tarde, o interrogue mal, a sabiendas o por impericia, o que justo en ese instante haya mirado hacia el costado, un delito puede quedar impune.
La prensa, en muchos casos en un papel de detectives que es ajeno a la profesión, una cosa es el periodismo de investigación y otra muy diferente es jugar al poli-ladron, siguió día a día, con fiera decisión y con noble determinación las andanzas de los protagonistas del caso. Oyeron sus mentiras, las cuestionaron, las contrastaron, las echaron por tierra, las colocaron en el cajón de las dudas razonables. Hicieron una tarea que debió haber sido hecha por la Justicia. La prensa no reemplaza al Poder Judicial. Es ha sido una idea falsa instalada hace ya casi tres décadas, con la aviesa intención de impedir lo que sí el periodismo debe hacer: investigar.
Sin embargo, los pobladores de 9 de Julio están convencidos de que si lo que ellos llaman la “prensa nacional”, se va de Corrientes, todos quedan a merced de un destino aciago. En 1990 sucedió lo mismo en Catamarca con el asesinato de María Soledad Morales. Días pasados, en la esperanzada manifestación de protesta y reclamo por Loan, las madres de 9 de Julio decían a los periodistas: “No se vayan por favor. Todos tenemos un Loan en casa…”. En ese pueblo correntino todos saben más de lo que están dispuestos a decir. Parece que todos callan algo en 9 de Julio. Desde lejos, la impresión es que Loan no es el primer chico que se esfuma en el aire o por esa zona o por Corrientes. Los chicos no se esfuman en el aire. Y Loan no aparece.
Una ley, reglamento, inciso del Código de Procedimientos o del Código Penal, y aún de la Constitución, dice, en muy buena hora, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, sin que haya presunción de culpabilidad en su contra. Por ende, un sospechoso puede negarse a declarar. O mentir. Ahora, ¿Cuál es el límite de la mentira? Una cosa es que un asesino diga a su juez: “Yo no lo maté”. Y otra muy distinta es que diga: “Lo que pasó es que…” Porque esa declaración mentirosa obstruye el accionar de la Justicia, la desorienta, la confunde, la paraliza. Mentir en propia defensa no debería implicar pretender dirigir la investigación de un delito desde el banquillo de los acusados. Ni siquiera desde el banquillo de los sospechosos.
Hace medio siglo, J. Fred Buzhardt y Leonard Garment, abogados y consejeros del presidente Richard Nixon que estaba hasta las orejas por haber encubierto el Caso Watergate, temblaban ante la posibilidad de quedar pegados en ese delito. O al menos temían ser acusados ya no de encubrir el Caso Watergate, sino de conspirar para encubrir el encubrimiento de Nixon. Hasta León Jaworsky, fiscal especial del caso, caminaba con pies de plomo para evitar ser él mismo sospechado de algún tipo de ocultación. Y Jaworsky estaba convencido de que Estados Unidos “tiene a un delincuente como presidente”, según citan Bob Woodward y Carl Bernstein en “The final days – Los días finales”.
En el caso Loan, un abogado vinculado al poder político correntino convenció a una sospechosa, luego imputada, o lo que fuere, una mujer que dijo lo que quiso y desmintió lo que quiso a lo largo de la causa, para que hiciera una declaración. Le prometió dinero, una casa, una moto y otra vida para que declarara que el chico había sido víctima de un accidente. La mujer cumplió. Para que cumpliera, el abogado la trasladó en auto hasta una fiscalía del fuero ordinario que abrió las puertas en la madrugada por decisión de su titular, y esa hipótesis cayó sobre la causa que ya se tramitaba en el fuero federal de la provincia.
¿El poder judicial correntino juzgará al abogado que desvió y obstruyó la investigación? Porque lo del accidente era una falsedad y no es posible detectar cómo esa hipótesis iba a beneficiar a quien la dio por verdadera ante la Justicia, sólo para desmentirla días después. Esa misma mujer, tía de Loan, denunció amenazas de muerte. Qué caso más extraño: una misma persona es amenazada de muerte y al mismo tiempo tentada con una suma millonaria, una casa, una moto y otra vida.
¿Quién mueve los hilos en el caldero de 9 de Julio? Quienes se hayan dejado llevar por la impresión de que el caso afectaba a gente muy humilde, de escasos recursos económicos y verbales, incluso, así se dijo, de una inteligencia limitada por una mala alimentación, se equivocaron. El principal núcleo humano involucrado en el caso, que no sale de ese círculo cerrado, miente con una habilidad extraordinaria; tal vez con sencillez, con puerilidad, no con candor pero sí con picardía, incluso con malicia. En todo caso, los resultados de esas mentiras todavía los favorecen. Y las mentiras permanecen impunes. O no se trataba de gente limitada en su inteligencia, o alguien los instruye día a día con infame precisión.
En medio de tanta mugre, nadie permanece por entero limpio: ni investigadores, ni fiscales, ni jueces, ni policías, ni abogados, ni funcionarios políticos, ni legisladores provinciales. Nadie parece ser inocente.
El único inocente es Loan. Y no aparece.