El dirigente del Polo Obrero está señalado por la emisión de facturas "truchas"y millones de pesos sin rendir. Investigan si las empresas que emitían los comprobantes son reales o eran un simulacro para "hacer caja".
Este martes 25 de junio se llevará adelante la última y más importante ronda de indagatorias en el marco de la causa que investiga al Polo Obrero por defraudación millonaria al Estado: Eduardo Belliboni se presentará ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.
El líder del Polo Obrero enfrenta dos grandes escenarios de acusación: por un lado se le achaca el haber desviado fondos del Potenciar Trabajo hacia una serie de empresas investigadas por hacer facturas truchas (administración fraudulenta) y también se lo responsabiliza por las extorsiones, aprietes y amenazas a beneficiarios de ese programa social que se realizaron bajo la órbita de su organización.
Como unidad de gestión del Potenciar Trabajo, la Asociación Civil Polo Obrero debía comprar herramientas, vestimenta y elementos de trabajo para los beneficiarios de ese programa. Por ese motivo la organización de Belliboni recibió entre 2020 y 2023 unos $360 millones de los $81 millones nunca fueron rendidos, es decir, se desconoce para qué se utilizaron.
El juez Casanello recibió una respuesta del Ministerio de Capital Humano en el que se detallaba que el Polo Obrero incumplió con la rendición de cuentas de la plata que recibió como unidad de gestión. De hecho la cartera que conduce Sandra Pettovello ya intimó cinco veces al PO para que entregue la documentación respaldatoria, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.
En total son cinco los convenios que el Polo Obrero no rindió por un total de $81 millones. El más importante es por $48 millones, otro por $24 millones y los restantes tres completan el número. En las intimaciones, Capital Humano pide que se presente la documentación respaldatoria de los gastos, lo que hasta el momento no ocurrió.
Si Belliboni acepta responder preguntas, deberá explicar qué pasó con ese dinero. Pero además la Justicia recabó un volumen importante de pruebas vinculado a una posible maniobra del PO para desviar parte de la plata que el Estado le envió como unidad de gestión hacia una red de empresas investigadas por hacer facturas truchas para justificar gastos inexistentes y luego ocultar el destino final de la plata.
La Justicia comprobó que entre las rendiciones que el Polo Obrero había hecho ante el exMinisterio de Desarrollo Social había facturas truchas. La lista de compañías empieza por Coxtex (que en noviembre de 2020 fue declarada por la AFIP como apócrifa) y la imprenta Rumbos, muy ligada al espacio que conduce Eduardo Belliboni, ya que fue fundada en 2017 por Christian "Colo" Rath (histórico dirigente de la organización ya fallecido) y por Roberto Adrián Albornoz. Hacia la primera se desviaron $5 millones y hacia la segunda unos $20 millones.
A Coxtex el Polo Obrero dijo haberles comprado computadoras y una serie de software mientras que en el caso de Rumbos lo que llamó la atención de los investigadores es que -a modo de ejemplo- en un mismo día se emitieron 25 facturas al PO, todas por distintos conceptos pero el mismo valor. Es decir, un kit de seguridad costaba lo mismo que una impresión de papel.
Con el tiempo la Justicia sumó más pruebas que comprometen a Rumbos: esta empresa -que tiene como cliente al Polo Obrero- le hizo aportes electorales al Partido Obrero por $18 millones. Este espacio compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda. ¿Los aportes se hicieron con la plata del Estado?
Pero además la Justicia comprobó que el Polo Obrero justificó gastos con facturas de otras dos empresas que llamativamente después de cobrar la plata endosaban cheques en favor de Rumbos.
Las dos firmas en la mira son Urban Graphics S.A. y Rico Print, a las que el Polo Obrero dijo haberles comprado elementos y contratado servicios por $10 millones. La primera le endosó un cheque a Rumbos por $1,8 millones después de haberle facturado unos $5,1 millones al PO y la segunda otro cheque por $269 mil. Para los investigadores el PO creó un sistema a través del que la plata del estado siempre volvía a su imprenta.
Los investigadores probaron, además, que Rumbos contrató a la empresa Makosen, dedicada a la publicidad, para que haga campaña política para el Partido Obrero. Esto significa que el Polo Obrero podría haber financiado esa campaña con parte de la plata que recibió del Potenciar Trabajo y que en rigor se tendría que haber destinado a la compra de materiales, elementos de seguridad y vestimenta de los beneficiarios de ese programa.
Pero hay más: la Justicia también detectó que el Polo Obrero presentó rendiciones de cuentas por alquiler de handies a un proveedor llamado Carlos Osvaldo Monfrini. En la factura, que es por poco más de $1,2 millones, se detalla la contratación de ese curioso servicio que hasta el momento se desconoce para qué se utilizó. Este hombre luego endosó un cheque en favor de Rumbos.
Pero además, los investigadores detectaron que el Polo Obrero le compró siete computadoras y un software a una empresa llamada Miniso Trade SRL. Son varios los datos que no cierran. La empresa se fundó en 2017, pero su primera factura se emitió en junio de 2022. ¿A quién? Al Polo Obrero. El detalle de la factura marca que es la 0001. El total de la compra fue por $3 millones. Ese año, en 2022, el Polo Obrero le había comprado computadoras a otra firma, que incluso se las vendía más baratas.
Cuando los investigadores allanaron Miniso Trade se encontraron con una oficina vacía que no funcionaba desde 2020. Pero el dato más inquietante es que se trata de una factura casi idéntica a la que Coxtex le había hecho al Partido Obrero unos meses antes, en 2021. Tanto Miniso Trade como a esta última firma, dijo haberles comprado computadoras Lenovo y softwares.
A este volumen importante de prueba se le suman los chats, audios, conversaciones y otros elementos con los que la Justicia probó que existían prácticas extorsivas e intimidatorias por parte de dirigentes piqueteros a beneficiarios de planes sociales para quedarse con un porcentaje de su plan, cobrarles los bolsones de comida e impulsar un sistema de multas para los que no vayan a las marchas.