La última ministra de Desarrollo Social de Alberto Fernández consideró que el gobierno de Javier Milei utiliza el escándalo de los comedores como “una cortina de humo para ajustar”.
En medio del escándalo por las denuncias contra organizaciones piqueteras por supuestas extorsiones a beneficiarios de planes sociales, Victoria Tolosa Paz, la última ministra de Desarrollo Social del Gobierno de Alberto Fernández, reconoció que durante su gestión también se detectaron irregularidades con los programas de asistencia social.
En ese sentido, recordó que su primera decisión al frente del Ministerio fue dar de baja “110.000 planes” por inconsistencias en el Potenciar Trabajo, y pidió que, si efectivamente hay delitos, “paguen los pecadores”. No obstante, también advirtió que el gobierno de Javier Milei utiliza este hecho como “una cortina de humo para ajustar”.
Actualmente diputada nacional por Unión por la Patria, Tolosa Paz explicó que la baja de los planes sociales dispuesta durante su gestión fue posible gracias al proceso de auditoría que ella mismo ordenó cuando fue nombrada para reemplazar al ministro saliente, Juan Zabaleta.
“En el caso de Potenciar Trabajo, nosotros desde que llegamos iniciamos un proceso de auditoría que arrojó por primera vez en siete años irregularidades en la nómina que pagaba habitualmente el Ministerio. Nos tocó ser la gestión que dio de baja 110.000 planes producto de irregularidades de Potenciar Trabajo.¿Cuáles eran esas irregularidades? Por ejemplo, la persona que se supone que recibía el plan no estaba en conocimiento de ese plan”, subrayó este sábado por la mañana, durante una entrevista en radio Mitre.
Tolosa Paz admitió que cuando asumió su cargo a mediados de octubre de 2022 “había denuncias que llegaban que daban cuenta de irregularidades, muchas veces de mecanismos extorsivos”. Y frente a este escenario, dispuso “una enorme cantidad de entrecruzamientos” de datos “para ir mes a mes dando de baja planes”.
“Tienen que pagar los pecadores. No podemos hacer pagar a los justos por pecadores. Si hay delitos, que paguen los responsables de extorsionar y de quedarse con dinero que no le corresponde”, pidió la diputada.
No obstante, Tolosa Paz consideró que el gobierno de Javier Milei utiliza el escándalo de los comedores como “una cortina de humo para ajustar”.
“Lo que está pasando hoy es que montan que todo es corrupción, un hecho delictivo o un plan sistemático para no ejecutar partidas presupuestarias de política alimentaria. Lo que no puede pasar es que esto sea una gran cortina de humo para ajustar. Porque lo que estamos viendo es que mientras dicen todo esto, la realidad es que no están entregando a los comedores comunitarios comida, no están transfiriendo a las provincias el Servicio Alimentario Escolar, y no están fondeando el programa UNIR para los niños wichí en la provincia de Salta”, manifestó a modo de crítica contra la gestión de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano -la cartera que absorvió lo que antes era Desarrollo Social.
“Hay que ser duro con las irregularidades, pero no hay que olvidarse que una ministra de Capital Humano tiene la enorme responsabilidad de llevar adelante la política alimentaria, laboral, cultural y educativa. Si generás una gran cortina de humo, tenés piedra libre para ajustar. Y pagan, lamentablemente, justos por pecadores”, concluyó.
En línea con los dichos de Tolosa Paz, el pasado jueves fue su antecesor a cargo de la cartera de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien también admitió que ya habían detectado extorsiones de organizaciones piqueteras a beneficiarios de planes sociales. En rigor, el ex intendente del partido bonaerense de Hurlingham reveló que el 21 de agosto de 2021,10 días después de asumir al frente del ministerio, hubo una primera marcha piquetera en la que empezaron a registrar ese tipo de denuncias.
“Nosotros tomamos la decisión en la gestión cuando lo veíamos. A nosotros nos pasaban estas cosas. Nosotros asumimos el 11 de agosto de 2021, el 21 tuvimos la primera marcha, y ahí empezamos a ver este tipo de situaciones con un movimiento social de la zona de Grand Bourg y San Miguel, donde nos contaba la gente que les pedían plata todos los meses del Plan Potenciar y los obligaban al colectivo. Automáticamente hicimos una auditoría de esa organización social y terminó casi desapareciendo de la calle”, afirmó en diálogo con radio Continental.
Zabaleta calificó como “un hijo de puta” y “un tipo que no es normal” a quien “le vende mercadería al pobre que necesita comer o el que le saca plata al que necesita un programa como el Potenciar”. Asimismo, contó que, en su momento, abrieron la posibilidad de que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo pudieran elegir dónde cumplir con las horas laborales que exigía. “Tuvimos casi 200.000 pedidos de traslado de titulares a otros lugares, empezamos a ordenar y cuidar a los que recibían la ayuda del Estado que se sentían estafados y apretados”, sostuvo.
“La mayoría elegía sus municipios, algunos cambiaban de organización social porque no se puede generalizar, no son todos lo mismo. Y estos hijos de puta hoy salen a la luz pero deben haber denuncias en Comodoro Py por doquier, por todos lados”, señaló Zabaleta.