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Junio de 2024
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Revista

En Argentina, 1 de cada 3 directores de escuela intervino en casos de violencia doméstica

Cifras que alarman | Las escuelas son, además de un ámbito de aprendizaje, un entorno fundamental de protección de los derechos de los alumnos. Las nuevas demandas sociales, la responsabilidad legal y el rol del Estado.

16/05/2024

En Argentina, 1 de cada 3 directores de escuelas de gestión estatal (32%) afirma que en el último año tuvo que intervenir en casos de violencia familiar que afectan a sus estudiantes. El porcentaje es apenas más bajo –26%– en las escuelas privadas de todo el país.

“La violencia contra los miembros más vulnerables de nuestra sociedad –los niños, niñas y adolescentes– es más grave y frecuente de lo que pensamos”, advierte el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, realizado por Mercedes Sidders, Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén.

A nivel nacional, la mitad de los chicos de 1 a 14 años experimentaron alguna agresión psicológica en el último mes, mientras que 1 de cada 3 recibió un castigo físico, según datos de la última Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS), publicada en 2021 por Unicef. Esa violencia repercute de manera severa en la salud mental y física de los chicos.

“A pesar de que es un problema extendido, la mayoría de los casos de violencia en contra de niños y niñas queda sin ser detectada o reportada”, señala el informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, titulado “Situaciones de violencia en los hogares”, y enfocado en el rol clave que juegan las instituciones educativas en la prevención y detección de esas situaciones.

En las escuelas estales, las provincias donde más directores declaran que tuvieron que intervenir en situaciones de violencia familiar en el último año son Tierra del Fuego (61%), CABA (55%), Jujuy (47%), Buenos Aires (46%) y Río Negro (43%). En las escuelas privadas, las provincias donde más directores dicen haber intervenido en este tipo de situaciones son San Juan (39%), Formosa (35%), Chaco (34%), Misiones (32%) y Santiago del Estero (31%).

De todas maneras, las autoras aclaran que estas cifras –surgidas de los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2021– no necesariamente indican mayor cantidad de casos de violencia, sino que pueden reflejar una mayor propensión a reportar y actuar ante las situaciones detectadas.

Los datos muestran que las escuelas son, además de un ámbito de aprendizaje, un entorno fundamental de protección de los derechos de los alumnos. La mitad de los estudiantes del último año de primaria (53,3%) afirma que habla de temas de violencia y abuso con alguien de la escuela. Pero el 15% de los alumnos dice no hablar con nadie sobre estos temas.

Las provincias con mayor porcentaje de alumnos que reportan hablar de violencia en la escuela son Misiones (60,1%), Formosa (58,9%), Chaco (57,7%) y Entre Ríos (57,3%). De acuerdo con las autoras, ese diálogo sobre temas sensibles genera un “círculo virtuoso” que lleva a los estudiantes a pedir más información y a animarse a pedir ayuda.

Entre las nuevas demandas sociales y la responsabilidad legal

La escuela viene acumulando una serie de demandas que ampliaron su rol: desde la violencia hasta los consumos problemáticos de drogas, desde el embarazo adolescente hasta las apuestas online… En algunos discursos, la educación aparece como la primera respuesta a cualquier problema, sean los accidentes de tránsito o la anorexia. ¿Hasta dónde puede la escuela abordar los fenómenos que le llegan desde afuera, como el de la violencia familiar? ¿Puede separarse la “enseñanza” de la “educación” entendida en un sentido más amplio?

La Ley 26.061, referida a la “protección integral” de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece la responsabilidad de las escuelas en esa protección y define el “deber de comunicar” a las autoridades cualquier vulneración de derechos.

“Por ley, las escuelas son un componente crucial del sistema de protección infantil y están obligadas a intervenir en situaciones de riesgo para los niños y niñas. Aunque es cierto que ‘la escuela no puede con todo’, especialmente cuando enfrenta limitaciones de recursos y desafíos crecientes, es vital priorizar y proveer a estas instituciones de los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades”, explica Mercedes Sidders, directora de Fundación Abrazar e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano de la Universidad de San Andrés.

“Es crucial que las políticas públicas reconozcan y apoyen el papel de las escuelas en la protección infantil, no solo teóricamente sino en la práctica. Esto incluiría apoyar el desarrollo de herramientas para detectar casos de violencia y el fortalecimiento de los equipos de orientación escolar con trabajadores sociales que puedan apoyar de cerca a estudiantes en riesgo”, dice Sidders a Infobae.

“No acuerdo con aquellas opiniones que sostienen que la escuela debe centrarse en el aprendizaje académico y no involucrarse en cuestiones sociales como la violencia intrafamiliar, las drogas o las apuestas online. Esta perspectiva no es realista”, responde Paola Zabala, directora de Comunidad Anti Bullying Argentina.

“Sería necio pensar que todos estos flagelos no afectan la capacidad de aprender y el desarrollo de los niñas, niñas y adolescentes. La escuela es, de hecho, un espacio privilegiado no solo para el aprendizaje académico, sino también para el desarrollo integral de los estudiantes”, agrega Zabala.

“Los chicos pasan una parte significativa de su tiempo en la escuela, y allí es donde se pueden detectar de manera temprana signos de problemas como la violencia, el abuso y otras situaciones de riesgo. Ignorar esto sería negligente, ya que el bienestar emocional y físico de los alumnos está intrínsecamente relacionado con su capacidad de aprendizaje”, considera la especialista.

“Como suele decirse, la escuela es la caja de resonancia de la sociedad. En el siglo XXI, la educación tiene que ver no solo con la adquisición de conocimientos académicos, sino también con el desarrollo integral de los estudiantes. Esto implica asumir una responsabilidad en la sensibilización y prevención de cuestiones como la violencia, las drogas u otros problemas sociales”, sostiene Pablo Mainer, fundador de la ONG Hablemos de Bullying.

El informe advierte que las escuelas solo suelen denunciar los casos de violencia más graves y urgentes. En cambio, los episodios de “mediana” gravedad no se reportan por temor a las consecuencias, sobre todo en comunidades pequeñas donde realizar una denuncia puede tener un alto costo social o emocional para los docentes y directivos involucrados, o puede generar represalias por parte del adulto responsable del niño.

El rol del Estado

En ese sentido, hay primero una responsabilidad crítica de los estados provinciales y de la Nación: garantizar los recursos –humanos y materiales– necesarios para que las escuelas puedan afrontar estas situaciones. “No podemos dejar solos a los docentes en esta tarea. Se requiere capacitarlos y darles las herramientas y el sostén para que puedan llevar adelante una denuncia sin que su propia seguridad se vea amenazada”, analiza Zabala.

Mainer también subraya la importancia de la formación docente: “El Estado debe tener un rol que implica no solo establecer políticas públicas, sino también garantizar la formación docente. Hoy a los maestros no se los prepara para estos problemas. Desde las organizaciones que trabajamos sobre estas temáticas vemos que las instituciones terciarias y universitarias están ávidas de poder sumar este tipo de conocimientos a las carreras”.

El estudio enfatiza además la necesidad de que el Estado garantice una red de apoyo que conecte a las escuelas y las familias con otras instituciones como comedores, centros de salud o clubes de barrio. El desafío de enfrentar la violencia requiere un trabajo en red, en el que la escuela no puede quedar sola, planean los especialistas.

“Muchas escuelas están colaborando con otras instituciones como servicios sociales, centros de salud y ONG para abordar integralmente la violencia en el hogar, y creemos que esta colaboración debe ser la norma para garantizar la protección y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes”, afirma Mainer.

Zabala concluye: “Es responsabilidad compartida por las familias, la escuela y el Estado asegurar el bienestar de los niños. Las instituciones educativas son un pilar esencial del sistema de protección infantil, al trabajar en conjunto con la familia y con otros actores de la sociedad para garantizar un entorno seguro y saludable para todos los niños”.