Cada vez hay más elementos, acontecimientos y hechos que plantean una regularización de la situación política en Venezuela.
Por Ociel Alí López
Para RT
El país caribeño ha vivido una crisis política y económica los últimos años, con hiperinflación y descontrol financiero. Todo catalizado por unas rotundas sanciones por parte de EE.UU. y la Unión Europea (UE), a quienes no les han importado las afectaciones que el pueblo venezolano ha llevado sobre sus espaldas.
Todo esto, acompañado por un proceso insurreccional de la oposición, dirigida por una derecha radical que durante largos años ha realizado golpes de Estado, llamados de intervención extranjera, conformación de un gobierno paralelo y manifestaciones violentas.
Como respuesta, el Estado implementó una política de inhabilitaciones a líderes opositores y de intervención de partidos políticos que participaron activamente en dichos eventos. En medio de esto, la esfera política lucía trabada.
Pero la situación actual parece que comienza a ser otra y que el marco de conflicto agónico va cediendo espacio al de la cabal pugna electoral. Sin embargo, no podemos predecir si se trata de una situación permanente o más bien un simulacro pasajero.
Regularización de la oposición
La oposición, congregada en la Plataforma Unitaria (PU) -que reúne casi una decena de partidos-, ha dado pasos concretos hacia su regularización democrática: ha aceptado las reglas del juego de la institucionalidad venezolana y ha decidido asistir al evento electoral que tendrá lugar el 28 de julio.
En 2018, y en otros procesos comiciales posteriores, la oposición convocó al desconocimiento del resultado electoral, aduciendo que hasta que no hubiera un "cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres" (el mantra tan de moda como inservible de 2019), no procedería a participar, considerando ilegítima la autoridad de los representantes de los poderes públicos y convocando la "desobediencia civil" contra todos los órganos del Estado.
En este 2024, cuando se prepara un nuevo evento electoral bajo condiciones muy similares a las anteriores, todos los actores de oposición, sin excepciones, han decidido acatar las reglas de juego institucionales y han vuelto al camino electoral, inscribiendo a Edmundo González como candidato presidencial. Aunque no han explicado por qué participar en unos comicios cuyas condiciones anteriormente consideraban ventajistas, lo cierto es que todos los partidos y líderes opositores, incluso los más radicales que pedían una intervención militar por parte de EE.UU., hoy en día han preferido pedir el voto de pueblo en pueblo.
A diferencia de lo que la oposición solía denunciar, las instituciones estatales han permitido la inscripción de dicho candidato, quien se encuentra haciendo campaña y asistiendo a entrevistas de los principales canales de TV.
Líderes de diversas toldas opositoras, tanto de la PU como del resto de partidos que no pertenecen a ella -en total hay 10 candidatos-, así como el candidato oficial, el presidente Nicolás Maduro, y también dirigentes chavistas, todos están en la calle y en diversos pueblos de la geografía nacional, realizando concentraciones y marchas a favor de sus opciones electorales sin incidentes que lamentar.
Nuevamente, después de varios años, se respira un clima de paz en lo que a política se refiere y el pueblo se prepara para dirimir sus conflictos en la arena electoral.
Este proceso de regularización de la oposición, si bien ha contado con sobresaltos y muchas tensiones retóricas en torno a sucedidas mesas de negociación que se realizaron en el extranjero (Barbados, México y Catar), está ocurriendo -a diferencia de otras experiencias del continente como Centroamérica y Colombia- en medio de un proceso pacífico, sobre todo porque los planes de intervención y golpe militar que se activaron desde que el expresidente Donald Trump asumió la silla en la Casa Blanca, no prosperaron.
Aunque estamos en un evento competitivo, en tanto todos los actores políticos poseen un candidato y están participando de manera abierta, habría que apuntar que sobre el presidente y candidato Nicolás Maduro, pesa una orden de captura por parte de Washington, cuya perpetuación podría enrarecer y poner en peligro el ambiente electoral.
Junto a Maduro, más de una decena de líderes y funcionarios se encuentran solicitados y sancionados por Washington, así como las más importantes áreas de la economía venezolana, que llevan ya más de un lustro de bloqueos y persecución.
Washington y Bruselas han hecho algunos gestos, pero desde Caracas se definen como insuficientes. Este lunes, la Unión Europea suspendió las sanciones que se ciñen sobre algunas autoridades del ente electoral, incluyendo su presidente, Elvis Amoroso. Pero, en respuesta, la Asamblea Nacional condenó el anunció europeo de reiterar el resto de sanciones, y pidieron al CNE que retire la invitación hecha a la Unión Europea para que participe como veedor durante el evento electoral.
Por su parte, Washington, por medio de licencias, está permitiendo que algunas empresas como Chevron y la francesa Maurel & Prom, comercialicen petróleo venezolano. Pero la parte dura de las sanciones, tanto personales como financieras, siguen instaladas de manera férrea, por lo que es difícil pensar que la actual situación de distención pueda mantenerse si se perpetúa el actual esquema sancionatorio.
Mientras tanto, la campaña electoral ya ha tomado las calles de Venezuela y los candidatos y líderes siguen proclamando su hipotético triunfo. Ni la oposición ni el gobierno han "pateado la mesa" y participan en la precampaña con seguridad y sin episodios violentos. Pero el riesgo está presente: cada vez aumentan las probabilidades del triunfo de Donald Trump en la carrera presidencial estadounidense, quien podría, en un discurso de cualquier acto de campaña, divulgar una oferta electoral ofensiva contra Venezuela, lo que podría hacer saltar por los cielos el regreso electoral de la oposición para darle protagonismo a los discursos amenazantes de hacer tabula rasa con el chavismo, es decir, retornar a los postulados más radicales, insurreccionales y abstencionistas.
Fue el actual candidato quien dio luz verde a los funcionarios de su país para que aplicaran el esquema de sanciones, prepararan el golpe militar de abril de 2019 y afianzaran los discursos intimidatorios de las autoridades militares contra Venezuela, siempre para ganarse el apoyo del Partido Republicano en Florida. La actual administración del presidente Joe Biden, en medio de la crisis energética mundial, ha relajado la diatriba pública pero el diseño sancionatorio trumpista se mantiene casi intacto.
Así las cosas, la normalización política parece ser una tendencia que se acentúa en Venezuela, pero para mantener ese escenario parece imprescindible que Washington acelere algunas decisiones que permitan atenuar el asedio. El riesgo sigue latente.