El desafío de cualquier regulación de la IA consiste en poner las nuevas tecnologías al servicio del derecho internacional.
Por Mario Oyarzábal (*), en diario Clarín
Los beneficios potenciales de la inteligencia artificial (IA, o AI por “Artificial Intelligence”) son tan grandes como los riesgos que entraña. La IA está en un punto de inflexión y parece destinada a transformar radicalmente una amplia franja de la economía y de la sociedad en la próxima década, desatando una nueva era de innovaciones científicas que podrían ayudar a mitigar el cambio climático, en la preparación y respuesta ante pandemias, así como para la seguridad nacional y la defensa.
Los riesgos incluyen el aumento de los ciberataques, la desinformación y la desigualdad económica, entre otros. También los desafíos legales y regulatorios para abordar los problemas específicos que plantean las tecnologías de IA, como la privacidad, la responsabilidad y los derechos de propiedad intelectual.
Como otras tecnologías digitales, la IA no conoce fronteras geográficas. Impacta sobre individuos y empresas privadas además de los propios Estados, con lo que la gobernanza de la IA no es solamente un asunto entre particulares, sino que requiere una acción concertada de todos los Estados, mediante la cooperación de las organizaciones internacionales, y la participación de otros actores relevantes como la academia y la sociedad civil. Estados Unidos, China y la Unión Europea se han puesto a la cabeza en la regulación de la IA.
Sin embargo, solo las Naciones Unidas proveen un foro universal capaz de dotar de legitimidad una futura regulación de la IA más equitativa y justa.
El derecho internacional ya se aplica al uso de las tecnologías de IA. Los Estados están obligados por una serie de tratados, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Los individuos tienen prohibido cometer crímenes internacionales, como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y las empresas deben respetar los derechos humanos.
El derecho internacional también reconoce la soberanía y el derecho de legítima defensa de los Estados, así como el derecho de todo individuo a la privacidad de sus datos personales, a no ser difamado ni sufrir discriminación, y de hacer efectivos los derechos humanos a través del acceso a los tribunales y a los recursos judiciales. Nada de esto es afectado por el hecho de que las conductas o los daños ocurran por el empleo de AI.
El hecho de que el derecho internacional se aplique a la IA no significa que no puedan producirse problemas de interpretación y aplicación en el nuevo contexto, y que ciertos sistemas de IA—que puedan provocar daños potenciales significativos a la salud, la seguridad, los derechos humanos, el medio ambiente, la democracia y el estado de derecho—no deban ser regulados o prohibidos. Pensemos en las “armas autónomas”, que seleccionan objetivos y les aplican la fuerza sin intervención humana.
¿Quién asume la responsabilidad cuando un arma autónoma destruye un hospital o una escuela, que son blancos en principio prohibidos por el derecho internacional humanitario?
Otro ejemplo es el reconocimiento facial mediante IA, cuando los gobiernos lo utilizan no solo para identificar criminales sino también para entrometerse ilegítimamente en la vida de las personas.
Otras conductas, como la utilización de IA en ciertas infraestructuras críticas—energía, comunicaciones, transportes, salud, nuclear, hídrico, etc.—podrían requerir cambios en la legislación para asegurar la seguridad pública y de la infraestructura.
También en materia educativa, donde las instituciones podrían implementar medidas y prohibiciones específicas para garantizar el derecho a la educación y objetivos legítimos según la legislación doméstica y el derecho internacional de los derechos humanos, como por ejemplo dotar a los alumnos de las habilidades esenciales en la era digital promoviendo el pensamiento crítico.
Los debates en Naciones Unidas y otros foros y las lecciones aprendidas sobre la aplicación del derecho internacional a las ciber operaciones constituyen elementos valiosos para ayudar a definir los contornos del derecho internacional aplicable a la IA.
El derecho internacional tiene un rol central a jugar en la gobernanza internacional de la IA. El desafío de cualquier regulación de la IA consiste en poner las nuevas tecnologías al servicio del derecho internacional sin impedir el desarrollo de aquellas—como sería utilizar la IA para identificar tendencias de y prevenir ciber ataques, no como arma; para identificar evidencia de comisión de crímenes de guerra, sin violar el derecho de defensa en juicio; o para aplicar antiguas convenciones, por ejemplo las convenciones de la ONU sobre seguridad vial que no contemplan la conducción automatizada promoviendo el desarrollo y la seguridad del transporte internacional por carretera.
El derecho internacional tiene la capacidad de adaptarse a los desafíos que presenta la IA, así como de capitalizar las oportunidades que la IA ofrece para desarrollar y hacer cumplir el derecho internacional.
(*) Embajador argentino en Países Bajos y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.