Una misión de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI mantiene una serie de reuniones con exfuncionarios y economistas. Los elementos que audita y las preguntas que preparó para sus interlocutores.
Una delegación de auditores del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Buenos Aires para investigar el multimillonario préstamo que el organismo le otorgó a Mauricio Macri en 2018. Lo hizo sin mediar anuncios y comenzó una serie de reuniones con economistas y exfuncionarios de los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández. La comitiva en cuestión busca dilucidar si la adjudicación e implementación de dicho programa cumplió con los requisitos que estipula el estatuto del FMI.
Los enviados forman parte de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), una dependencia que al menos en los papeles funciona de manera autónoma al staff técnico del organismo. La visita estaba pautada originalmente para noviembre pasado, pero se pospuso cuando se conoció el triunfo de Javier Milei en el balotaje presidencial.
La investigación forma parte de un trabajo más amplio de la OEI sobre los últimos programas de acceso excepcional otorgados por el Fondo. Se trata de los que, por su abultado monto, superan las cuotas máximas que tiene asignadas cada país. Entre ellos, la dependencia eligió abordar tres casos: el de Argentina (que resultó ser el préstamo más grande de la historia del organismo), el de Ecuador y el de Egipto (estos últimos dos suscriptos en 2020, el año de la pandemia). Según supo Ámbito, se prevé que la evaluación esté terminada para fines de este año.
De acuerdo con un documento de la OEI al que accedió este medio, la investigación se sustenta en lo siguiente: “La política de acceso excepcional fue invocada ampliamente durante 2002–2022, lo que permitió al Fondo desplegar apoyo financiero en gran escala a miembros en circunstancias difíciles. El uso del PAE fue particularmente pronunciado después de la crisis financiera mundial y durante la crisis de la zona del euro. Durante 2016-2022, el uso del PAE disminuyó y contó con solo seis acuerdos, aunque estos incluyeron acuerdos sin precedentes con Argentina”. Además, la oficina plantea que de los 38 acuerdos de acceso excepcional otorgados en esa ventana de 20 años el 55% “descarriló”.
La comitiva comenzó a reunirse con economistas y exfuncionarios. Excepto el encuentro que mantuvo con Martín Guzmán, el primer ministro de Economía de Alberto Fernández, no trascendió ninguno de los otros mitines. En el Fondo evitaron dar precisiones sobre su agenda de reuniones. Por lo pronto, la principal expectativa está puesta en que se concreten reuniones con el equipo económico de Macri, implicado en la toma de aquella deuda. El préstamo era originalmente de u$s50.000 millones, luego se amplió a u$s56.000 millones y finalmente se desembolsaron alrededor de u$s45.000 millones.
Los firmantes por el lado argentino fueron los entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Este último sigue siendo protagonista en la actualidad: es asesor de Milei y fue el principal autor tanto del DNU 70/2023 como de la ley ómnibus. También tuvo un rol preponderante el actual jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien al momento de la firma encabezaba el Ministerio de Finanzas y poco tiempo después reemplazó a Sturzenegger en el BCRA, pero terminó por abandonar la gestión justamente por los cortocircuitos que tuvo con el staff del Fondo.
Si hubo un programa que fue excepcional en la historia del FMI, ese fue el que consiguió Macri. El monto otorgado superó en más de 1.200% la cuota del país. Justamente se investiga si esa adjudicación estuvo justificada en base a los requisitos que establece la normativa interna del organismo. Se trata de una cuestión clave ya que existe la denuncia por parte del peronismo de que, en realidad, se trató de un préstamo político impulsado por el gobierno de Donald Trump, quien habría hecho pesar el poderío de Estados Unidos en el Directorio del Fondo. Algo que se sustenta, entre otras cuestiones, en las declaraciones al respecto que hiciera años atrás Mauricio Claver-Carone, exrepresentante de EE.UU. en el Board.
En concreto, la OEI se enfocará en evaluar cuatro criterios que deberían cumplirse para un crédito de estas características: que el país solicitante, en este caso Argentina, enfrentara una crisis de balanza de pagos; que la deuda fuera considerada sostenible a mediano plazo, es decir, que tuviera un problema de liquidez de corto plazo; que tuviera perspectivas de retorno a los mercados de capitales para hacer frente al repago del préstamo; y que el programa tuviera posibilidades de éxito, entre otras cuestiones por la existencia de un respaldo político hacia el acuerdo.
Según el documento de la OEI al que accedió este medio, el trabajo de los auditores “abarcará el contexto en el que se diseñó el acuerdo, la eficacia con la que el Fondo manejó este caso (con especial atención en la implementación del programa de acceso excepcional) y los resultados del acuerdo” entre el organismo y Argentina.
Guzmán, quien hizo público su encuentro con la comitiva a través de su cuenta de X, planteó que de los cuatro criterios en cuestión el programa incumplió tres. Uno de ellos, era la sostenibilidad de la deuda: el exministro les planteó a los auditores que el hecho de que se avalara el argumento del macrismo de que el problema era de liquidez por “el temor del mercado al kirchnerismo” implicó “prestar para favorecer las chances del gobierno de Macri”.
Según Guzmán, tampoco se cumplió los criterios de perspectiva de acceso al mercado de crédito y de presencia de apoyo político al programa. Por caso, el peronismo (principal fuerza opositora en aquel entonces) se oponía al acuerdo y el mismo no se trató en el Congreso.
Además, remarcó que el endeudamiento con el Fondo “se usó para evitar reestructurar deuda externa insostenible y financiar la salida de Argentina de los capitales que vinieron a especular en la era Macri-Caputo-Sturzenegger (2015-2018)”.
