La política democrática debe tomar cuanto antes el control de la IA y sus efectos.
Por Antoni Gutiérrez Rubí, en diario Clarín
La inteligencia artificial (IA) está cambiando la política, sin que seamos plenamente conscientes de en qué momento se han producido esos cambios, hasta dónde llegarán y el impacto que tendrán. La IA contribuye a agilizar algunos procesos automatizables, permitiendo eficiencias que no hubieran sido posibles de otra manera. Pero, como ha sucedido con toda revolución tecnológica, también trae consigo desafíos éticos, profesionales y democráticos sobre los que la política debe reflexionar… y actuar. Estos son algunos de los retos.
1. Nuevos límites entre lo verdadero y lo falso. La IA está transformando los valores y los atributos con los que identificamos qué es verdad y qué es mentira. Este desdibujamiento de los límites de lo cierto es un peligro para el diálogo democrático. Uno de los ejemplos más destacados lo vimos en marzo del 2023, cuando surgieron supuestas fotografías de Donald Trump siendo arrestado. Las imágenes sirvieron para movilizar a su base y generar conversación sobre los diversos procesos judiciales que enfrentaba. Eran posibles, pero eran falsas.
2. El riesgo de suplantación. La IA puede sustituir a las personas en la creación, pero —más peligroso aún— puede, también, suplantar su identidad. Los deepfakes no son nuevos, pero ahora son cada vez más difíciles de identificar y más fáciles de hacer.
Hace unos meses, por ejemplo, una conversación falsa entre dos figuras públicas de Eslovaquia causó alarma durante el fin de semana de las elecciones. La suplantación de la identidad es un reto extraordinario para las sociedades libres, abiertas y democráticas.
3. Homogeneización tecnológica. La IA funciona a partir de una síntesis de información y de patrones que son eficientes, pero que pueden llevar a una pérdida de los matices, de las diferencias y las diversidades. La despersonalización y estandarización de los contenidos y de los productos generados son un riesgo latente para cualquier sociedad. Una prueba de ello se dio en Porto Alegre, donde, sin saberlo, se aprobó una ley redactada por ChatGPT. Si se repitiera este tipo de prácticas, las normativas podrían carecer de las características específicas tan necesarias para servir al derecho y a la justicia. La homogenización eficiente tiende al pensamiento único sin disonancias.
4. Determinismo tecnológico. Como consecuencia de lo anterior, la pérdida del libre albedrío, la capacidad para el error —y, con ello, para el aprendizaje— puede condicionar nuestras vidas e ideas. El peligro es que estas herramientas no se usen como ayuda para agilizar y mejorar, sino como un atajo para evitar tareas que deberíamos hacer, como está ocurriendo en algunas escuelas. El resultado sería la decadencia de la creatividad y el pensamiento crítico, lo que se convertiría en una barrera fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la democracia.
5. Aumento de la desigualdad. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), la incorporación de la IA afectará a casi el 40% de los puestos de trabajo en todo el mundo, porcentaje que se incrementará en las economías avanzadas.
Además, se espera que aumente la brecha entre los países y la desigualdad social. Todo ello impactará en la capacidad de la política democrática y de los gobiernos en atender estas profundas asimetrías y sus consecuencias sociales.
¿Qué puede hacer la política democrática?
Debe tomar, cuanto antes, el control de la IA y sus efectos. Una mayoría de la ciudadanía es consciente de lo compleja de la situación y considera necesarias las regulaciones. Un informe del Artificial Intelligence Policy Institute muestra que el 56% de los estadounidenses cree que se debe crear una agencia que vigile la IA y 8 de cada 10 piensan que las empresas no se pueden regular a sí mismas.
Sin embargo, en el último año ha quedado claro que las leyes y los gobiernos no pueden correr a la misma velocidad que la tecnología. En Estados Unidos, a finales de octubre, se aprobó el primer decreto para regular la IA y, en Europa, las negociaciones para acordar un primer reglamento llegaron en diciembre.
Fue un hito histórico, sí, y, de hecho, podría ser la primera ley sobre inteligencia artificial, pero algunos expertos se muestran poco optimistas sobre su utilidad, ya que todavía falta para su entrada en vigor. La política llega tarde, insuficiente, lenta y sin capacidad punitiva real frente a los posibles incumplimientos regulatorios.
La responsabilidad privada se convierte, también, en el primer paso para encarar estos desafíos y evitar que las democracias se usen como laboratorios. En este sentido, ChatGPT ha dado un primer paso al anunciar un plan para evitar abusos electorales.
Necesitamos más y más decisivos pasos en esta dirección: la autorregulación (de las partes) y la regulación (del interés general) deben ser complementarias y posibles frente a las limitaciones de ambas para embridar el caballo desatado de la tecnología artificial.
Mientras llegan las regulaciones eficaces, cada uso, cada nuevo desafío de la tecnología se debe evaluar con rigor y generando un debate social y político de altura y con profundidad.
La política debe liderar grandes alianzas público-privadas para defender el interés general en el desarrollo de la IA que es, también, el único interés que permite el dinamismo de los mercados. Sin sociedad, no hay mercado. Y sin límites, no hay democracia.