El funcionario de la AFIP implicado en el caso de espionaje ilegal, llegó este mediodía a los tribunales junto a sus abogados.
Fabián “Conu” Rodríguez, el funcionario de la AFIP implicado en el caso de espionaje ilegal, llegó este mediodía a los tribunales de Comodoro Py junto a sus abogados. Había sido citado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi para que entregue su teléfono celular en el marco de la causa que investiga una red de espionaje ilegal. Rodríguez, ex integrante del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, se retiró minutos antes de las 12:30 del lugar.
De Georgi había rechazado ayer el pedido del fiscal Gerardo Pollicita de detener a Rodríguez, pero le había impuesto una prohibición de salida del país. Según se descubrió en la causa, Rodríguez hablaba con Ariel Zanchetta, un agente de inteligencia inorgánico que dice ser periodista y que hoy está preso en la causa.
“Respecto de la conducta de Néstor Fabián Rodríguez, queda claro a partir de lo expuesto en este dictamen que el nombrado participó directamente de al menos una porción de la actividad ilícita de Zanchetta a través de la selección del ‘objetivo’, como así también mediante la recepción del informe de inteligencia elaborado, lo que permitió almacenar y tener disponible para su posterior utilización, con fines que son materia de investigación”, señala el dictamen de Pollicita de ayer en el que había pedido que se detenga a “Conu” Rodríguez.
Según el escrito, “la recepción del correspondiente informe de inteligencia posibilitó a Néstor Fabián Rodríguez almacenar y tener disponible para su utilización la información obtenida por Zanchetta en infracción a la Ley de 28 Inteligencia Nacional, con finalidades que constituyen materia de investigación”. Y se remarcó que, “además de seleccionar el objetivo y recibir el informe de inteligencia, Rodríguez contribuyó a la conducta cometida por Zanchetta mediante su financiamiento con fondos públicos de la Provincia de Buenos Aires, por más de dos millones de pesos, desde su posición como Subsecretario de Coordinación de Medios de la Provincia y, luego, desde su rol en la AFIP ya que, según el mismo imputado señaló en el chat, seguía teniendo influencia en el área porque ‘todo su equipo’ había quedado ahí”.
El fiscal habló de “la gravedad institucional de los hechos investigados y la posible existencia de una organización criminal que habría facilitado su concreción” y subrayó la existencia de “serios riesgos procesales que habilitan que la convocatoria a Néstor Fabián Rodríguez ante los estrados de VS sea mediante una orden de detención”.
Para el Ministerio Público, “según pudo determinarse, Rodríguez le encargó a Zanchetta la realización de ‘informes de inteligencia’ sobre determinados ‘objetivos’ y la publicación de información contra los “blancos” seleccionados, así como también, se logró determinar que Zanchetta le reportaba la actividad ilegal realizada, todo ello mientras el funcionario público se interesó en la contratación mediante su influencia y se apropió de los fondos públicos para asegurar la financiación y remuneración de estas tareas ilegales a través del otorgamiento de publicidad oficial”.
Y subrayó que “los hechos investigados en este expediente por su naturaleza son llevados a cabo en forma subrepticia y solapada por quienes los realizan, por lo que su descubrimiento presenta una dificultad intrínseca dada por los conocimientos específicos —tanto técnicos como tecnológicos— de sus partícipes, que les permiten mantener sus operaciones ocultas y al margen de la sociedad”.
La causa por el espionaje a los jueces se inició con dos focos. El primero que busca esclarecer las líneas creadas en Misiones a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que fueron el origen de la denuncia. A partir de allí se descubrió que esas líneas truchas habían tenido contacto con otra generada a nombre del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Con el curso de la investigación, apareció además otra línea a nombre del juez del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti. En el expediente hay más perjudicados, como la jueza federal de Misiones María Verónica Skanatta o el gobernador de esa provincia Alberto Herrera Ahuad.
El segundo que apunta a saber por qué hackearon al mismo tiempo a dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; y a dos jueces que llevaban adelante el juicio contra CFK, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Esa pista llevó a la detención de un hacker misionero, Ezequiel Núñes Pinheiro, que aseguró haber sido contactado por Telegram por un desconocido para tomar el control de una lista de personas que él desconocía: entre ellos estaban varios jueces, el diputado Diego Santilli y el ex jefe de Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, cuyo teléfono hackeado expuso las conversaciones de Lago Escondido y sirvió para impulsar el juicio político a la Corte Suprema.
La investigación también llevó a la detención de Zanchetta, quien se dice periodista. Es que Zanchetta buscó los datos de los jueces Gustavo Hornos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Ernesto Kreplak y de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Además investigó a uno de los principales colaboradores de Rosatti, Silvio Robles, y foco de los impulsores del juicio político a la Corte. Precisamente, Robles se convirtió en querellante en esta causa al sostener: “la mencionada sucesión de hechos me lleva a presumir que la intromisión a mis datos personales no ha sido producto de una casualidad sino de un obrar criminal”.
