Tras el desembolso del Fondo Monetario Internacional, surge nuevamente la pregunta sobre los requisitos necesarios para la transformación económica.
Por Julieta Izcurdia y Julia Gerlo, en diario Ámbito
El miércoles pasado, el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo sobre la quinta y sexta revisión combinadas en el marco del Acuerdo de Servicio Ampliado, que fue aprobado en marzo de 2022 por el Directorio del organismo. El propósito principal consistía en proporcionar un refinanciamiento al Gobierno para que pudiera cumplir con los pagos acordados en el Acuerdo Stand-by de 2018 –el préstamo más grande en la historia del organismo– por u$s57.100 millones y que representó 127 veces la capacidad de endeudamiento del país. ¿Qué implicancias tiene este acuerdo en el ambiente y en los compromisos climáticos de Argentina?
La finalización de las revisiones combinadas le dará a Argentina un acceso de alrededor de u$s7.500 millones. Dichas negociaciones se dan en un escenario complejo, marcado por la agenda electoral post PASO y en el marco de una profunda crisis socioeconómica. Para realizar el desembolso resta aún la firma del directorio del FMI que, una vez más, impone condicionalidades con una clara injerencia en las decisiones políticas y económicas de nuestro país.
Entre los condicionamientos del organismo en la última revisión, está el ajuste en la masa salarial, actualización y aumento de tarifas en el sector de la energía y un recorte importante en el gasto social y las transferencias corrientes a las provincias y empresas estatales.
Pero hay algo que parece quedar por fuera de toda discusión y es el futuro que nos deja la deuda. Hay dos puntos que incidirán en el derecho a un ambiente sano: el mandato de aumento de exportaciones por parte del FMI para afrontar los futuros vencimientos de deuda y las políticas energéticas propuestas.
Para cumplir con las metas incluidas en el acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo con el FMI, el Gobierno se comprometió a acelerar el aumento de las exportaciones. En 2022, las exportaciones argentinas se concentraron en un 67% en aquellas actividades con mayores impactos socioambientales y grandes generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): la extracción de hidrocarburos, la agroindustria y la minería a gran escala.
La necesidad de generar divisas crea una presión exportadora en la que la dimensión ambiental está invisibilizada en la estrategia de deuda, reproduciendo aún más las desigualdades distributivas y ecológicas que entraña el modelo económico, a pesar del peso que la deuda tiene en el espacio fiscal macroeconómico para afrontar políticas ambientales, como las vinculadas a la transición energética.
Si bien el FMI reconoce la macro criticidad del cambio climático, no considera las consecuencias de la aceleración de los eventos climáticos extremos ni la necesidad de garantizar un financiamiento justo y equitativo de las medidas necesarias. Esto es fundamental para cumplir con los objetivos climáticos nacionales e internacionales, tendientes a evitar un aumento de temperatura media global por debajo de 1,5°C. Federico Sibaja, economista e investigador especializado en el FMI, explicó: “Pareciera que el organismo está dispuesto a analizar cómo el cambio climático afecta su mandato de estabilidad macroeconómica, pero no cómo este mandato impide a los países llevar a cabo las transformaciones necesarias”.
En este sentido, el año pasado, Argentina enfrentó la mayor sequía de su historia, junto a olas de calor persistentes hasta entrado el mes de marzo. Esto generó pérdidas económicas récord imposibilitando cumplir los repagos de la deuda con el FMI. Según la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR), la sequía ya se cobró 3 puntos del PBI argentino estimado para el año 2023. Estos eventos climáticos extremos y sus devastadoras consecuencias socioeconómicas ponen de manifiesto la urgente necesidad de abordar la crisis socioambiental de manera efectiva.
Frente a ello, si bien el FMI reconoce el impacto de la sequía en la economía argentina, Juan Pablo Bohoslavsky, ex Experto Independiente de la ONU sobre la deuda externa y derechos humanos, dijo que el organismo no le presta una mínima atención a los riesgos climáticos -y además desiguales- en los informes y programas del sector financiero, explorando superficial y parcialmente el impacto de los riesgos asociados al cambio climático.
El peso de la deuda obtura la posibilidad de llevar adelante una transición energética justa y genera obstáculos al cumplimiento de los objetivos trazados en la política climática y las obligaciones de derecho de nuestro país. Solo para poner en números, 113 de las 169 medidas de política climática detalladas en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, presentado en noviembre de 2022, implicarían una inversión de alrededor de u$s190.000 millones.
Sobre el sistema energético, el FMI sigue instando a actualizar las tarifas de energía, impulsando un ajuste para la población a través de una disminución de los subsidios a la demanda, provocando un aumento del costo que pagan los consumidores. Al mismo tiempo, promueve la explotación de Vaca Muerta y desde el Estado se beneficia a las empresas hidrocarburíferas que, con escasa fiscalización, operan en el sector -uno de los rubros con mayor responsabilidad en la crisis climática- a través de subsidios. Así se da una transferencia directa de fondos públicos a dichas empresas con márgenes enormes de ganancia.
El FMI repite en su último informe publicado en abril: “Vaca Muerta va a generar las divisas necesarias para la transición”, como si la brecha fuera únicamente financiera. La transformación económica necesaria no puede recaer en las comunidades afectadas directamente por los proyectos extractivos; estas deben ser protagonistas del diseño de los planes que aseguren senderos de desarrollo alineados con la meta de 1,5°C.
