El presidente decretó hace un año el estado de excepción para enfrentar a los grupos criminales. Denuncian violaciones a los derechos humanos.
El número de asesinatos se redujo notablemente en El Salvador tras la ejecución hace un año de un régimen de excepción que implicó sacar al Ejército y la Policía a la calle y encarcelar masivamente a presuntos pandilleros. Pero al costo de suspender garantías constitucionales, y multiplicar las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, según denuncias que sospechan además de connivencia entre el gobierno del presidente Nayib Bukele y grupos criminales.
En marzo del año pasado y tras el asesinato de 87 personas a manos de la Mara Salvatrucha (MS13), la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el oficialismo, aprobó a pedido de Bukele el primer régimen de excepción que marcó, de acuerdo a medios de comunicación locales, ONGs y Estados Unidos, el fin de un supuesto pacto secreto que el mandatario tenía con esa organización dedicada al narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, sicariato y secuestros.
El acuerdo incluía beneficios financieros para la MS13, reducción de penas, no extraditarlos a Estados Unidos y mejoras en las situaciones carcelarias y en las comunicaciones para seguir controlado la organización a cambio de reducir la cantidad de asesinatos.
Este régimen de excepción, que fue ampliado ya en 10 ocasiones, implicó la pérdida de las garantías constitucionales para todos los ciudadanos y la presencia masiva de militares y policías en la calle.
A partir de ese momento, decenas de miles de personas fueron detenidas sin orden judicial, sin que se le informaran los motivos, y quedaron incomunicadas y sin derecho a la defensa durante el plazo de aprehensión provisional, que se modificó extendiéndose de tres a 15 días.
"Lo que se sabe es lo que ha publicado el gobierno, que es que están incomunicados" y que "fueron detenidas, en el marco del régimen de excepción, más de 64.000 personas, entre ellos 1.600 menores de edad", precisó en diálogo con Télam la directora de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Tamara Taraciuk.
Pero HRW y la ONG local Cristosal no pudieron brindar datos sobre cuántas de esas personas fueron detenidas y permanecen encerradas pese a no haber cometido delito alguno ante la falta de transparencia e información oficial.
Violaciones a los derechos humanos
Ambas organizaciones afirman que hubo arrestos arbitrarios masivos y han documentado casos de desapariciones forzadas, de tortura en detención y entre 90 y 106 muertos bajo custodia, un número que varía de acuerdo a lo que dice el gobierno y las ONGs.
"Este es el universo del cual estamos hablando, no hay cifras confiables ni claras que establezcan cuántas de esas personas fueron detenidas por ser miembros de una pandilla y que no lo sean. Nosotros hemos documentado casos de individuos que fueron detenidos por su aspecto físico, o porque tenían un tatuaje, o porque estaban en el lugar y momento equivocado", agregó Taraciuk.