La exmandataria mostró en su Twitter el documento de 37 hojas que presentaron sus abogados ante la Justicia por el atentado en su contra.
Tal como había anticipado, la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió la recusación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo de la causa por el atentado en su contra, que ocurrió el pasado 1 de septiembre en el exterior de su domicilio de Recoleta. Este mediodía la exmandataria compartió en su Twitter el documento de 37 páginas con los motivos por los cuales se opone a que la magistrada siga a cargo del expediente, firmado por sus abogados. Parte de esas razones plantean que habría un vínculo entre el diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman con el atentado, y que la jueza federal sería “parcial”.
“Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar”, aseveró el patrocinio de la vicepresidenta en uno de los tramos más fuertes del escrito judicial que lleva fecha de este lunes.
En esas páginas que llevan la firma de José Manuel Ubeira y Marcos Andazábal, los abogados de Cristina Kirchner, hablan de un “cúmulo de irregularidades” que -según explicaron- hicieron perder la confianza en la magistrada.
“Esta querella detectó actuaciones, como mínimo, negligentes por parte de la jueza desde, literalmente, el primer día de investigación. Estas situaciones ya hubieran sido suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez. Aun así, la decisión fue confiar en la imparcialidad de la doctora Capuchetti y en que las falencias de la pesquisa fueran solo errores”, plantearon en la primera parte del documento.
Sin embargo, dijeron que a casi dos meses y medio del atentado hubo “una serie de resoluciones netamente arbitrarias” y mencionaron una “total parálisis investigativa”, que entendieron como una “manifiesta imparcialidad” contra la parte que corresponde a Cristina Kirchner.
Asimismo se quejaron al decir que las medidas de prueba que solicitaron los abogados fueron en su enorme mayoría rechazadas, no realizadas o llevadas a cabo tarde, pese a que -de acuerdo a lo que plantearon- la eficacia de estas acciones dependía de la celeridad.
“Por otro lado, la magistrada decidió no delegar la instrucción, pero paralelamente no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Esto, aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos”, indicaron en los fundamentos generales que luego detallaron punto por punto.
“No estamos frente a una causal sobreviniente, sino ante un sinfín de actitudes de la magistrada que no nos dejan otra alternativa que recusarla. Y por la naturaleza del caso su apartamiento no solo tiene que ver con los derechos de esta querella, sino que es imperante para que la sociedad argentina conozca la verdad acerca de lo sucedido. Ya nos hemos cansado de vivir en la incertidumbre debido a la impericia o, directamente, el accionar delictivo de la Justicia”, apuntaron en la presentación.
En tanto, a partir de la página 7, el patrocinio de la vicepresidenta expone detalladamente las razones por las cuales consideran que hay “irregularidades y arbitrariedades” en la actuación de Capuchetti.
Sabag Montiel y su celular
En el punto uno se refieren a los primeros días y se abocan al celular de Fernando Sabag Montiel, quien disparó en la cara de Cristina Kirchner, aunque sin herirla debido a que la bala no salió. “La investigación no pudo empezar peor”, inician los letrados, quienes puntualizan en que el celular de Sabag Montiel era lo “más valioso probatoriamente” entre sus pertenencias, además del arma.
Sobre ese dispositivo marcan que llegó “en un sobre cerrado al juzgado, con la debida cadena de custodia”, aunque reparan: “Sin embargo, de forma inexplicable, durante la jornada del viernes 2 de septiembre la magistrada rompió la cadena de custodia. Es que cuando el dispositivo llegó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el sobre estaba abierto”.
Indican además que “lo más grave fue que [el celular] llegó reseteado a cero” y acotan que nunca se supo que pasó. “La única certeza es que el celular entró al juzgado en un sobre cerrado, intacto, y salió en un sobre abierto, reseteado”, remarcan.
Brenda Uliarte, Gabriel Carrizo y la PFA
Después hablan sobre la novia y cómplice de Sabag Montiel, Brenda Uliarte. “Cuando la jueza le ordenó la intervención del celular de Uliarte con modalidad de escucha directa a la PFA, esta fuerza tardó varias horas en hacerlo. Nunca sabremos qué pasó en ese lapso”, dicen, a la vez que cuestionan el tiempo que se tardó en detener a la joven. “Uliarte logró de algún modo escapar de su casa cuando aparentemente, había una custodia y vigiladora permanente de la PFA fuera del domicilio”, precisaron sobre los momentos previos a que fuera apresada en una estación de trenes del barrio porteño de Palermo.
Entonces hablaron de una “total impericia de Capuchetti” que habría “posibilitado la fuga” de Uliarte. “Nos llama poderosamente la atención que, dadas las tres situaciones que acabamos de describir, la jueza no haya investigado en lo más mínimo a la PFA. Esta fuerza estaba presente el día del atentado, supuestamente perdió el contenido del celular de Sabag Montiel, tardó tres horas en interceptar las llamadas de Brenda Uliarte y la dejó escapar (todo posibilitado, como vimos, por lo que esperamos que solo sean errores de la jueza)”, escribieron en cuanto a la PFA, que está bajo la órbita del ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández.
Luego, cuestionaron que Capuchetti gastó sus “escasas energías” en investigar la custodia presidencial y siguieron sobre la PFA. “Cuando esta fuerza ya había destruido gran parte de las posibilidades de éxito de la investigación, la apartó de la instrucción. Pero nunca movió un dedo para que se estudie su más que sospechosa conducta”, añadieron.
Asimismo, señalaron como una “desidia fuera de lo común” que la jueza no haya investigado -en base a su parecer- a determinadas personas que consideraron de interés, hasta que los abogados de Cristina Kirchner no lo pidieron. “La razón de esta demora se explica, en parte, por una demora previa también injustificable: que haya tardado 15 días en detener a Gabriel Carrizo cuando desde el día cinco tenía su celular en su poder y una montaña de pruebas en su contra”, expresaron en cuanto al jefe de los vendedores de copos de azúcar.
No obstante, dijeron que hasta ahí solo consideraban que eran “graves errores y tardanzas inexplicables”, pero indicaron que “la parcialidad fue evidente” cuando se solicitaron medidas que iban más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo.