La mujer obtuvo una beca del municipio para realizar trabajos en edificios oficiales, pero el concejal la habría obligado a ir a su casa como empleada doméstica. “Me amenazó con quitarme el plan”, aseguró la denunciante.
Una joven madre de Frías denunció ante la Justicia a un concejal de aquella ciudad por presunto “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, estafa contra la administración pública, coacción y peculado”.
Según el escrito que ingresó el viernes último a la Fiscalía, a cargo de Natalia Simoes, la denunciante es Marcela del Valle Ávila, con residencia en el Bº Yapeyú.
En su presentación, Acuña explicó que en mayo del 2020 accedió a una “beca” de $ 4.000 otorgada por el municipio de Frías para realizar tareas en el Concejo Deliberante y Casa de la Cultura, pero dijo que en su lugar, el concejal Julio César Ávila la obligó a realizar tareas domésticas en su domicilio particular, bajo la amenaza de que perdería el beneficio si se negaba.
Si se hubiera cumplido la normativa, la joven tendría que haber realizado tareas durante 3 horas diarias de lunes a viernes en el Concejo Deliberante o en la Casa de la Cultura de Frías.
Investigación
Ahora está en duda qué pasa con los otros beneficiarios (casi 1.300). Todos los meses cada concejal firma una planilla de asistencia de esos empleados, que posibilita al particular presentarse a cobrar, por cajero, los $ 4.000. Por ende, la denunciante debía recibir la planilla firmada por el edil en cuestión.
Siempre sobre la base de la denuncia, la beneficiaria le pidió al concejal cumplir sus tareas en el Concejo Deliberante, pero la respuesta siempre fue “no”. En ese punto, la joven denunció que hubo amenazas de que le quitaría el plan. “Me hacía trabajar por la mañana y la tarde en su casa. Recibía malos tratos verbales y mensajes amenazantes”, aseguró.
Cansada de la situación
En febrero se produjo la ruptura total. La joven afirmó que abandonó la casa del concejal y que la amenaza se cumplió porque perdió inmediatamente el beneficio que le habían otorgado. Por ello se presentó en la Justicia y denunció todos los hechos con el aporte de mensajes telefónicos con las amenazas y otros recursos como prueba.
Separaron del bloque al edil denunciado
Enterado del caso, el intendente Aníbal Padula dispuso dos medidas: por un lado, una exhaustiva investigación en procura de clarificar la situación de la denunciante y de los otros 1.300 beneficiarios de becas del municipio; y, por otro, la separación del concejal denunciado del bloque oficialista.
La primera consistiría en conformar una comisión con funcionarios del municipio y del Concejo, a fin de verificar destinos, firma de planillas, y cobro de todos los beneficiarios.
Padula habría solicitado a Ávila dar un paso al costado del bloque oficialista, según informaron altas fuentes de la comuna. Como la respuesta habría sido negativa, el jefe comunal remitió un documento a los ediles del oficialismo anunciándoles la separación de Ávila. Sin embargo, no se descarta que el concejal conforme su propio bloque el martes en sesión.
Trabajo de la fiscal
La fiscal Simoes puso manos a la obra y el viernes elevó un pedido de informes que puso a trabajar a los funcionarios del municipio. En principio, la funcionaria desea recrear el circuito administrativo de la beca.
En la práctica, la comuna deberá informarle horarios de trabajo de la denunciante y establecer si en el Concejo y la Casa de la Cultura hay registros de su labor.
Como las definiciones estarían listas el fin de semana, el lunes la fiscal Natalia Simoes estaría en condiciones de resolver las medidas inmediatas.