En octubre, la modelo inició el proceso judicial luego de ser acusada de recibir dinero público por sus mensajes políticos en Twitter.
En plena época electoral, Luciana Salazar demostró su faceta de analista política a través de las redes sociales con publicaciones sobre la coyuntura del país, la gestión de Mauricio Macri y la asunción de Alberto Fernández.
A raíz de sus tuits con información inédita, circularon rumores sobre un supuesta dinero estatal que recibía la rubia para publicar datos extraoficiales. Para desmentir las versiones, Luli se puso a disposición de la Justicia para ser investigada e inició una causa en su contra.
Pero la fiscal Paloma Ochoa decidió no investigar si los tuits de contenido político de la mediática eran pagados con fondos públicos. Además, indicó que el juez Rodolfo Canicoba Corral debería excusarse en el expediente.
La representante del Ministerio Público rechazó intervenir en la denuncia de la modelo y rechazó también la posibilidad de llamar a declarar a Cinthia Fernández y a Carla Czudnowsky, quienes acusaron a Luli de recibir dinero.
Por otro lado, la fiscal sostuvo que a su criterio el juez Canicoba Corral debería apartarse de la causa por inexistencia de delito, o enviarla a la justicia ordinaria ya que no hay pruebas suficientes que demuestre la existencia de fondos del Estado relacionados a la mediática.
"Me pongo a disposición de la Justicia para que se investigue lo que dicen, para que presenten pruebas. Me han vinculado con gente de la política y dan a entender eso", manifestó Luli cuando se presentó en Tribunales para ratificar la denuncia.