Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa de los cuadernos de las coimas

Con duros cuestionamientos al juez federal Claudio Bonadio, Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa de los cuadernos de las coimas. La presentación la hizo Carlos Beraldi, abogado de la senadora de Unidad Ciudadana, que le entregó al juez un documento que en el que advierte sobre lo que considera es "la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar" la cadena de "ilicitudes" de la investigación.

Ante el pedido de consulta que hizo el magistrado para ver si restaba alguna medida de prueba, Beraldi mostró su conformidad para que el expediente pase a un tribunal oral y cuestionó al funcionario judicial. Criticó el modo en que se llevó adelante la investigación y confió en que en el juicio se podrá demostrar la inocencia de su defendida.

La precandidata a vicepresidenta del "Frente de Todos" está procesada como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho, en la causa que se investiga el pago de sobornos millonarios de parte de empresarios de la obra pública, viales y de la energía a funcionarios kirchneristas para asegurarse contratos del Estado, en el caso que se originó por las anotaciones que hizo en cuadernos el chofer Oscar Centeno. Cristina está procesada con prisión preventiva pero sigue en libertad porque tiene fueros como senadora nacional.

La defensa consideró "imprescindible" pasar a la instancia de juicio oral en esta causa para exigir "una vez más, el restablecimiento de los principios constitucionales que hacen al debido proceso legal, del que deben gozar todos los habitantes de la Nación, sin excepción alguna".

En el escrito presentado ante el magistrado, Beraldi argumentó: "En condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda. Ello así, pues todo lo actuado es insanablemente nulo, al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución Nacional".

En el escrito apuntó contra la prueba que originó la investigación: las anotaciones de Centeno, que era chofer de Roberto Baratta, mano derecha el exministro K de Planificación Federal Julio De Vido. "La causa se inició a partir de un supuesto elemento de prueba obtenido por medios ilegales: los presuntos cuadernos del chofer Oscar Centeno. Según fue informado, estas presuntas anotaciones habrían sido sustraídas a su titular por el exsargento de la Policía Federal Argentina, Jorge Bacigalupo, para luego ser entregadas al periodista Diego Cabot", cuestionó, sobre el periodista de La Nación que reveló los cuadernos.

Indicó que luego el juez Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli, a cargo de la causa, "llevaron a cabo una inequívoca maniobra de fórum shopping para retener la causa sin practicar el sorteo correspondiente, en contra de lo previsto en la ley vigente", invocando "un presupuesto totalmente falso, esto es, una presunta conexidad con la causa del Gas Licuado".

También habló de "supuestos cuadernos nunca aparecieron" e indicó que "sólo obra en la causa lo que serían fotocopias de los mismos". "Insólitamente, el juez y el fiscal habrían tenido noticias de estos supuestos cuadernos desde marzo del año 2018 y pese a tratarse de una prueba básica, recién fueron a buscarla cinco meses más tarde -junto con Oscar Centeno-, cuando el proceso había tomado estado público", afirmó. Indicó que el chofer "habría confesado que incineró los supuestos cuadernos en la parrilla de su casa, no obstante lo cual pasó a ser considerado por los instructores como un importante colaborador en la búsqueda de la verdad".

Además aludió a "detenciones arbitrarias a mansalva" y cuestionó la forma en que se usó la llamada "ley del arrepentido". "Terminó siendo utilizada como un medio coactivo no sólo para arrancar supuestas confesiones a los imputados, sino también para manipular sus dichos, siempre en una misma dirección: imputar, como sea y por cualquier delito, a mi representada", advirtió. "Así, decenas de imputados fueron colocados ante la siguiente disyuntiva: o reconocían la comisión de supuestos delitos, vinculando a la exPresidente de la Nación con los mismos, o serían privados de su libertad por un lapso indefinido", aseguró.

En otro tramo del escrito cuestionó los operativos en diversas propiedades de la exmandataria. "En otro capítulo de la saga de ensañamientos protagonizados en este proceso se allanaron distintos domicilios de mi representada, se destrozaron paredes y expresamente se incumplieron las directivas del Senado de la Nación sobre la manera en que debían desarrollarse estos procedimientos", advirtió. En este contexto justificó el pedido de elevar a juicio la investigación. "Así las cosas y frente a la ausencia manifiesta de un órgano jurisdiccional que en esta instancia pueda reparar todas estas ilicitudes, resulta imprescindible que las actuaciones transiten hacia el juicio oral", argumentó.

Bonadio dio por cerrada de manera parcial la investigación y pidió opinión a las partes sobre el envío a sorteo de un Tribunal Oral. La fiscalía pidió enviar a juicio a la ex mandataria, exfuncionarios procesados y empresarios. También lo hicieron los organismos querellantes y ahora es el turno de todas las defensas. Algunos empresarios, como Aldo Roggio, ya presentaron escritos para oponerse a que el caso sea enviado por ahora a juicio. Una vez que tenga todas las opiniones, el juez resolverá.