La policía secuestró documentación, elementos de uso quirúrgico y tomó testimonio a una pareja que estaba en el lugar del allanamiento.
Un médico ginecólogo de 83 años y una mujer, de 59, quedaron detenidos ayer tras un allanamiento que la Policía de Investigaciones (PDI) realizó en una casona céntrica que funcionaba como consultorio tocoginecológico y donde realizaban abortos clandestinos. El fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Aníbal Vescovo, quien participó del operativo, indicó que “las condiciones eran malas, y más aún para prácticas quirúrgicas”. En el lugar se secuestró documentación, elementos de uso quirúrgico y también se tomó el testimonio a una pareja que estaba allí.
La investigación sobre la casa de Mitre al 1200 se puso en marcha hace más de una mes a partir de una denuncia anónima. La intervención de las líneas telefónicas a lo largo de varias semanas fue lo que permitió que en las últimas horas el fiscal Vescovo requiriera una orden de allanamiento al lugar.
En la casa vivía Sixto Raúl M., un médico ginecólogo que, pese a tener edad para estar jubilado, seguía teniendo allí mismo su consultorio y, según indicó el fiscal, figura como prestador “en varias obras sociales”. Junto a él trabajaba Bibiana G., una mujer que primero se presentó también como médica, pero luego se retractó. Es más, en el lugar habría documentación, y específicamente un sello, que la mujer habría utilizado ejercer como médica con una matrícula apócrifa.
“A partir de las escuchas que teníamos, las dos personas quedaron detenidas por aborto, un delito que, si es con el consentimiento de la parturienta tiene una pena de uno a cuatro años de prisión, pero se eleva con la inhabilitación si es practicado por un profesional”, detalló Vescovo, e indicó que “hasta el momento no se han detectado casos en los que nadie haya sido inducido o se haya realizado la práctica sin consentimiento”.
La clínica
De acuerdo a las escuchas que la Justicia registró a lo largo de un mes y medio, el fiscal explicó que “ante la consulta, se concertaban entrevistas para llevarse adelante los abortos en el lugar”, e incluso en esas conversaciones “se hablaba del costo de la intervención. Incluso, hay casos en los que la mujer imputada decía que se podía hacer una rebaja si no tuvieran todo el dinero”
También manifestó que en las comunicaciones “hay registros de personas que, a posteriori de la intervención, se comunicaban porque habían tenido algún problema o complicación”.
Si bien hasta ahora no lo registraron, Vescovo adelantó que “se a va a seguir trabajando para rastrear y ver si alguna persona sufrió complicaciones de mayor gravedad”. No obstante, con el material recabado hasta el momento, “se puede determinar que por lo menos se llevaron adelante dos abortos en ese lugar”.
En el momento del operativo, se encontraba en el consultorio una pareja que esperaba para ser atendida. Ambos integrantes fueron testigos y declararon. Si bien la penalidad también corresponde a quien solicita la práctica en forma ilegal, Vescovo aclaró esto ocurre sólo en el caso de que la intervención se concrete.
Malas condiciones
Lo que recalcaron una y otra vez los investigadores fueron “las malas condiciones” del consultorio, que incluso funcionaba con un cartel en el ingreso. “La higiene no era la adecuada ni siquiera para un lugar sólo de consultas médicas, era un espacio viejo y poco cuidado”, detalló el fiscal, y consideró que menos aún era un espacio acondicionado para llevar adelante prácticas quirúrgicas, como la interrupción de un embarazo”.
“Los elementos no estaban a resguardo, había problemas de mantenimiento y formaba parte de una vivienda”, indicó Vescovo, en referencia a que el médico residía en la casona.
De lo secuestrado, enumeró que había documentación que aún se está evaluando, materiales y elementos de un consultorio ginecológico, como indumentaria y una camilla, pero también compatibles con la práctica de abortos, como cánulas y aparatos de uso quirúrgico; aparte de varios teléfonos celulares que se están peritando y gran cantidad de medicamentos.
“Todo indica que los abortos se llevaban adelante con intervenciones quirúrgicas y el lugar no estaba en condiciones para eso”, concluyó el fiscal.
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