La Corte Suprema pidió el cuerpo principal de la causa "Vialidad" para determinar si existen errores en el expediente, en función de un pedido de la expresidenta. La audiencia debería empezar el próximo martes.
La Corte Suprema de Justicia le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 el cuerpo principal de la causa "Vialidad" para determinar si existen errores procesales en el expediente, en función de un pedido formulado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está imputada en esta investigación y debería ir a juicio oral y público desde el martes próximo.
De esta forma, podría postergarse el inicio del debate donde debe develarse si la ex presidenta direccionó obra pública en favor del detenido empresario Lázaro Báez, admitieron a Télam fuentes judiciales.
La resolución de la Corte, publicada en el Centro de Información Judicial, contó con el aval de los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, quienes pidieron "con carácter de urgente" el expediente al TOF 2 para analizar las intervenciones de la Cámara de Casación durante el proceso y determinar si los planteos hechos por los acusados son admisibles.
En esta causa están procesados, además de la ex mandataria, el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido y el empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido desde 2016, entre otros imputados.
Entre los pedidos de prueba que formuló Cristina Fernández en la causa figuran una auditoría sobre todas las obras públicas que se ejecutaron durante los doce años de los gobiernos kirchneristas.
El pasado 10 de mayo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos -presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, no había hecho lugar a varias quejas presentadas por Cristina Kirchner.
En uno de esos recursos la defensa de la ex jefa de Estado solicitaba la caducidad de la acción civil iniciada por la Dirección Nacional de Vialidad.
En el brevísimo oficio que apareció en el CIJ, la Corte encabezó con el número de causa -5048/2816- y dijo: "Por disposición del Tribunal, solicítense los autos principales con carácter de urgente". La nota lleva al pie la firma del secretario penal del máximo tribunal, Fernando Arnedo.
La remisión del expediente fue reclamada a una semana exacta del día programado para el inicio del primer juicio oral y público a Cristina Fernández y en forma casi simultánea a la orden de la Cámara Federal de Casación Penal para que las causas conocidas como "Hotesur" y "Los Sauces" se tramiten juntas en un solo tribunal oral.
Así, también hay posibilidades de que esas investigaciones demoren más su llegada al debate oral.
La Sala I de Casación dispuso que el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 asuma los dos expedientes y ahora serán esos jueces los que podrán decidir al respecto.
En esas causas están procesados la ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita. Allí se investiga si a través de maniobras inmobiliarias la familia Kirchner pudo haber recibido "retornos" de empresarios contratistas de obra pública y blanqueado ese dinero.
La decisión de Casación se produjo por un conflicto de competencia entre el TOF 5, designado originalmente para "Los Sauces", y el TOF 8, sorteado para "Hotesur".
Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña entendieron que había elementos para determinar la conexidad subjetiva y objetiva de los expedientes, es decir, relación entre las personas y los hechos juzgados, mientras la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia.
"Se advierte que, pese a que la causa radicada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 se encuentra en un mayor grado de avance pues ya ha vencido el plazo para ofrecer prueba, la tramitación conjunta de ambas resulta ser la solución más conveniente", dijeron Petrone y Barroetaveña.
Además, los TOF 5 y 8 fueron los que autorizaron a Florencia Kirchner a viajar a Cuba para seguir un tratamiento médico pero con plazos distintos de retorno, aunque finalmente las limitaciones de tiempo para su permanencia en la isla quedaron sin efecto y se atenderán los informes que eleven los profesionales del país caribeño que la atienden.