Este lunes arrancó el juicio, mediante jurado popular, al militar acusado de estrangular a la joven santiagueña Lorena Mazzeo en octubre de 2016.
El proceso por el crimen de la santiagueña Lorena Mazzeo comenzó este lunes en España. Por el caso está imputado el joven militar Félix Daza Cabeza, quien se encontraba destinado en el Regimiento de Infantería Soria 9 cuando se produjo la muerte de Lorena, con la que mantenía una relación.
La Fiscalía solicitó 21 años y seis meses de prisión para el acusado y una indemnización de 60.000 euros para los familiares de la víctima.
El crimen tuvo lugar en la tarde del 23 de octubre de 2016 en el domicilio de Mazzeo, en una céntrica calle de Puerto del Rosario, en las Islas Canarias, después de que el Daza Cabeza concertara una cita telefónica con la joven santiagueña.
Según el relato del fiscal, “sobre las 15.15 horas acudió al domicilio, donde ella le había anticipado que estaría sola, y, una vez allí, después de mantener relaciones, con la intención de acabar con su vida, y, en todo caso, aceptando que podía ocasionarle la muerte, la asfixió por estrangulación, con mecanismo no definitivamente concretado provocándole su fallecimiento a los pocos segundos”.
El escrito de acusación continúa señalando que “para garantizar dicho resultado, el acusado deliberadamente la estranguló desde atrás, por la espalda, anulando cualquier previsible defensa de la víctima”, dejando el cádaver en el interior de la bañera, donde lo encontraron los bomberos de Puerto del Rosario tras alertar una amiga de su ausencia.
El fiscal relata además que “con la finalidad de evitar ser descubierto”, el acusado “se llevó las sábanas de las camas de la vivienda y los preservativos usados, cortó los cables del router y del teléfono, y, finalmentente, cerró con llave la puerta del domicilio de la víctima”.
Daza Cabeza también está acusado de hurto dado que en su huida se apropió de 50 euros en metálico, dos teléfonos y una tablet por importe superior a 400 euros.
La Fiscalía solicita una pena de 21 años de prisión por el delito de asesinato y 18 meses de cárcel por hurto. Asimismo, reclama, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización para los padres de la víctima de 40.000 euros y otros 20.000 euros para la hermana.