Según el Gobierno de la vecina provincia, hay al menos 50 detenidos en condiciones de deportación.
Jueces de la Corte de Justicia de Salta y funcionarios nacionales y provinciales se reunieron para acelerar los procesos de expulsión de Salta de presos extranjeros. Quieren que la deportación sea más rápida, menor a 40 días.
En las cárceles federales y provinciales de Salta hay 50 detenidos extranjeros que cumplen las condiciones para ser expulsados. Necesitan tener la mitad de la condena cumplida.
"La idea es que el Poder Judicial comunique a la Dirección Nacional de Migraciones sobre el extranjero que haya sido condenado", indicó Ivana Flores, secretaria de la Oficina de Gestión de Audiencias de la Corte de Justicia, tras la reunión de ayer.
Si bien la ley de migraciones preveía la expulsión de extranjeros, el decreto presidencial 70/2017 fijó precisiones para acortar tiempos burocráticos. Ese instrumento, que despertó repudio en diferentes sectores de la oposición, se incluyó dentro de las políticas de "mano dura" del Gobierno en asuntos migratorios y de seguridad.
Antes el trámite podía tardar cuatro años, pero tras el decreto se redujo aproximadamente a 40 días. A los funcionarios estos 40 días les parecen insuficientes y se pusieron la meta de disminuir esos tiempos.
"La posibilidad de expulsar ya estaba contemplada en la ley. Lo que pasa es que normalmente no se los expulsaba, y ahora sí. Hay todo un trámite administrativo y judicial que se debe cumplir para llevar a cabo esta medida. La reunión fue para agilizar esos trámites", explicó Martín Pérez Estrada, delegado en Salta de la Dirección Nacional de Migraciones.
Puede ser más
Según Migraciones, basándose en un estudio realizado durante el año pasado, son 92 los detenidos extranjeros que podrían ser expulsados durante este año. De esos 92, diez son presos del sistema penitenciario provincial y 82 del sistema federal. "En lo que va del año se van expulsando 29", precisó Pérez Estrada.
Por otro lado, Pablo Alavila, secretario de Políticas Penales, quien también participó de la reunión, son entre 50 y 55 los detenidos en la provincia que podrían ser deportados. La diferencia entre las cifras brindadas por ambos funcionarios es que la ley de migraciones especifica que los extranjeros que pueden ser expulsados son aquellos que hayan cumplido la mitad de la condena, o, en su defecto, si no cumplieron aún con la mitad de la sentencia, pero sí tienen antecedentes penales, también pueden ser expulsados.
Migraciones apunta a sacar del país a aquellos que cumplieron la mitad de su condena, y a los que tienen antecedentes. Mientras que desde la Secretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios tienen en cuenta solo a los que cumplieron la mitad de su condena. “La Justicia solo está expulsando a los que tienen el 50 por ciento de la pena ejecutada”, justificó Alavila las cifras brindadas.
Siguiendo la línea marcada por el Presidente, la Dirección Nacional de Migraciones mostró una posición tajante con la política migratoria, e incluso fue más allá. Su director, Horacio García, busca que los inmigrantes tributen por los servicios y los derechos que les da el Estado.
Según los organismos oficiales, la mayoría de los extranjeros detenidos son bolivianos, aunque también se encuentran colombianos y brasileños.
En Salta, el año pasado se echó a más de 60 personas. “Este año se incrementará porque el decreto 70/2017 nos agiliza los plazos”, destacó Pérez Estrada.
La persona que es deportada queda libre en su país de origen, aunque, paralelamente, se les prohíbe el ingreso a la Argentina y no pueden entrar nuevamente al país bajo ninguna circunstancia.
Superpoblación por narcotráfico
Los diferentes funcionarios que participaron de la reunión coincidieron en que la expulsión de extranjeros responde directamente a la superpoblación carcelaria. Actualmente, en el servicio provincial hay 3.400 internos, en contraposición a la capacidad de 2.400 plazas disponibles. Es decir que hay mil presos de más en el sistema penitenciario provincial. “En capital hay 52 presos extranjeros en la Alcaidía”, precisó Carina Iradi, secretaria de Justicia. También el ministro de Gobierno y Justicia, Marcelo López Arias, había alertado sobre la situación en la misma dependencia judicial: “Hay lugar para 300 presos y tenemos 722, entonces, no damos más”, afirmó cuando se supo que el Gobierno nacional declaró la emergencia en materia penitenciaria.
En materia penal provincial se señala hace un tiempo que el microtráfico, del que se hizo cargo la Provincia, contribuyó a aumentar la cantidad de presos en las cárceles. Aunque Alavila advirtió que los cambios judiciales en materia de género son otro factor que influyó: “Tenemos 450 internos por causa de narcotráfico, y un número que varía pero que supera los 200 internos por causa de violencia de género, que antes no se los privaba de la libertad y ahora sí, de manera preventiva”, resaltó. Desde que la Provincia se hizo cargo de los presos por la venta de drogas al menudeo, la Nación no cumplió con el envío de fondos para el mantenimiento de esos presos. La deuda ronda los 500 millones de pesos.
El Gobierno gasta $8 mil mensuales por preso
Los gastos que demanda la manutención de un interno dentro de una unidad carcelaria siempre despierta polémica. Por este motivo, los funcionarios son cautos al dar cifras.
Consultado por este tema, Pablo Alavila, secretario de Políticas Penales de la Provincia, precisó que el costo mensual por interno en Salta “ronda los 8 mil pesos”. Aunque advirtió que “son gastos estimativos”, ya que esa cifra no es fija porque la Provincia destina un presupuesto anual.
“Nosotros a ese presupuesto tenemos la misión de dividir”, resaltó el funcionario.
Ese monto anual, al ser fijo, debe dividirse por la cantidad de internos que varía a lo largo del año, por lo que el dinero disponible para cada preso también lo siente.
Dentro de esos $8 mil se contemplan no solo los gastos de alimentación del interno, sino que también se incluye el personal del servicio penitenciario.
Alavila admitió que las cifras son más bajas que los recursos destinados en el sistema federal.
Destacó la diferencia con el sistema provincial porque ”nosotros en Salta no manejamos esos números, allá cobran más. Por eso no tenemos un número definido”, señaló.
En Salta, el Servicio Penitenciario Provincial tiene disponibilidad para alojar 2.400 presos, pero hay mil más, alrededor de 3.400. Mientras que a nivel nacional hay 13.373, superando en un 12% la capacidad que ofrece el sistema penitenciario para alojarlos, con 12.235 plazas.
Fuente: La Gaceta.