En Europa, Google deberá pagar por los contenidos de los diarios

El Parlamento Europeo aprobó en la mañana de este martes (por 348 votos a favor y 274 en contra) una reforma de la Directiva Europea sobre derechos de autor, un cambio normativo que actualiza a la era de internet las normas que protegen el copyright, pero que a la vez puede provocar una profunda revolución en el uso de la red en el Viejo Continente.

La reforma, que es sólo de aplicación en Europa, pero que puede sentar un precedente a nivel global, intenta proteger a los medios de comunicación y a la industria cultural del bloque frente a las grandes plataformas de internet estadounidenses. Por ejemplo, a Google la obligará a negociar y firmar acuerdos de licencia con los poseedores de los derechos de autor de cualquier contenido para que este pueda publicarse en Google News.

Desde ahora, todos los contenidos de prensa estarán protegidos copyright hasta dos años después de su primera publicación. Google dijo durante la negociación que no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos con cada diario europeo, por lo que simplemente dejaría de difundir sus contenidos. La empresa advirtió que podría cerrar Google News en toda Europa.

Axel Voss, el eurodiputado alemán responsable del informe parlamentario, dijo este martes sobre la reforma que es “un paso importante para corregir una situación que ha permitido a unas pocas compañías ganar enormes sumas de dinero sin compensar adecuadamente a los miles de creativos y periodistas de cuyo trabajo dependen”.

La reforma es una toma de posición de la Unión Europea en relación al choque entre quienes defienden la libertad total en internet y quienes, del otro lado, defienden una retribución justa por la difusión de sus contenidos en la red mundial. Internet creó la ilusión de que los contenidos son gratuitos, pero esos contenidos los creó alguien que espera una retribución económica por su arte o su trabajo.

La reforma es así una gran victoria para los grandes diarios europeos, que la pedían desde hacía años. Los periódicos más pequeños no la ven tan positivamente, porque estiman que necesitan que sus contenidos se difundan lo máximo posible por internet, para conseguir lectores. Además, los medios más chicos temen que las plataformas de internet se nieguen a firmar acuerdos con ellos y se limiten a hacerlo sólo con los grandes diarios.

Los diarios más importantes denuncian que desde hace años pierden ingresos por publicidad que van principalmente a gigantes como Google o Facebook, que se aprovechan de su trabajo al publicar gratuitamente sus contenidos. Alegan que esas empresas no invierten en periodismo, pero reciben beneficios —como ingresos por publicidad— por publicar contenidos de otros.

El acuerdo llega aquí a un punto medio, por el que las plataformas de internet podrán todavía publicar gratuitamente “pequeños extractos” de las notas de los diarios así como enlaces a los mismos, pero no los contenidos completos.

Ese apartado de la norma afecta principalmente a Google News, porque es la propia plataforma la que sube los contenidos de los diarios y la que embolsa los ingresos por venta de espacios publicitarios. En Facebook, en cambio, son los usuarios —o los mismos medios— los que comparten los contenidos, algo por lo que la plataforma no estará obligada a pagar a los diarios.

Las plataformas también deberán pagar, por ejemplo, a las compañías discográficas o a los autores e intérpretes musicales y vigilar que en sus plataformas no se compartan contenidos protegidos por derechos de autor.

La parte normativa que afecta principalmente a YouTube —y a plataformas similares— es aún más polémica. Los activistas de derechos digitales aseguran que la nueva norma puede hacer que esas plataformas verifiquen cada video que suben para comprobar si viola algún derecho de autor. Eso haría, denuncian, que se produzca una especie de censura previa. Esas empresas temen por su parte que se las pueda hacer legalmente responsables de violaciones de copyright.

La eurodiputada Julia Reda, una de las grandes críticas de la reforma, explicó que “requerir a esas plataformas que usen filtros no sólo llevará a que se bloqueen con más frecuencia contenidos legales, sino que hará la vida más difícil a las pequeñas plataformas que no pueden permitirse invertir en software de filtrado de contenidos”, lo que sí pueden hacer gigantes como YouTube. Sin embargo, la nueva norma excluye de su aplicación a las plataformas con menos de tres años de antigüedad, menos de 10 millones de euros de ingresos anuales y menos de cinco millones de usuarios.

La tramitación de la norma, que la Comisión Europea lanzó a finales de 2016, ha sido un calvario para muchas personas involucradas en su negociación. Desde los mayores grupos de cabildeo de Bruselas —una ciudad llena de abogados que representan a diferentes sectores empresariales— hasta organizaciones de activistas a favor de la libertad en internet, pasando por los grandes diarios de Europa, todos han intentado influenciar a los legisladores. Algunos llegaron a recibir amenazas de muerte.

Europa sigue así siendo el único bloque que intenta poner coto a las actividades de las grandes plataformas de internet. Desde hace años está persiguiéndolas por sus presuntas o demostradas estructuras para evadir impuestos o limitar la competencia, y ahora las conmina a repartir "el pastel" que logran por usar contenidos de terceros y a ser activas en la protección de los derechos de autor.