“Si se llega a aceptar el pedido, implica suspensiones, despidos e indemnizaciones al 50%”, dijo González, titular del sindicato que agrupa a los choferes tucumanos.
Los representantes de los trabajadores adelantaron que no le darán curso al procedimiento preventivo de crisis que presentarán las empresas del transporte público. “Vamos a rechazarlo de plano porque entendemos que perjudicará a muchos compañeros”, adelantó al diario La Gaceta César González, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional Tucumán.
Las autoridades de la Asociación de Empresas de Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), habían confirmado a este diario que “muchas” empresas solicitarían el trámite en la Secretaría de Trabajo provincial.
El procedimiento preventivo de crisis se establece en un capítulo de la ley nacional de Empleo (24.013), que data de los 90. La normativa incluyó una figura distinta al concurso preventivo de acreedores o a la declaración de quiebra, para que las partes pudieran conversar y evitar cierres de establecimientos. Los actores, empresa y sindicato, deben reunirse en los despachos de Trabajo para formular propuestas, que debe homologar el Estado.
“Si se llegara a aceptar este trámite, implica suspensiones, despidos e indemnizaciones reducidas al 50%; esos son los peligros. Tampoco podríamos realizar medidas de acción directa, porque así lo establecen las normas”, explicó González. “Hay empresas con licitaciones caducadas, como la 18, la 8 y la 11, y es raro porque están en crisis, pero se vuelven a presentar para obtener los recorridos. Vamos a hacer un planteo cuando nos notifiquen desde la Secretaría de Trabajo para rechazar esto”, agregó.
De acuerdo con los datos de la UTA, entre choferes, inspectores, administrativos y personal técnico, hay más de 4.000 empleados registrados en la actividad.
La última crisis en el sector ocurrió hace 17 años. En aquella oportunidad, cerraron una veintena de empresas: el saldo fue de 1.500 trabajadores despedidos. ¿Hay elementos en común entre este proceso y la crisis de 2002?, le consultó este diario. “Estamos transitando el mismo camino que en aquella crisis. Por todos los medios vamos a tratar de que esta situación no se repita. Por eso, pedimos una mesa de diálogo para que se discuta el servicio de transporte que quieren los poderes del Estado. Es cierto que la actividad no es una isla, la crisis económica es generalizada, pero si no hay diálogo será difícil superar esta situación”, respondió González.
El secretario general del sindicato explicó que podrían implementarse en las próximas semanas medidas de fuerza a nivel nacional por la falta de acuerdo para el cierre de las paritarias de 2018. La discusión pasa por que las empresas reconozcan dos ítems de $ 2.500 de febrero y marzo, que deben incluirse de modo remunerativo a partir de abril.
¿Cómo es la situación en otras provincias?, se le consultó a González. “En Santiago del Estero cerró la empresa ERSA y quedaron muchos compañeros en la calle. En Jujuy aún no cobraron el aguinaldo... la situación es difícil en Catamarca, La Rioja, Corrientes, Chaco... Lo ideal para que se implemente un buen servicio sería el modelo salteño: el Estado se hace cargo de prestar el servicio arrendando los coches a las empresas, y pagando por kilómetros. El Estado se hace cargo de la recaudación, de los subsidios y del 60% del sueldo de los choferes. El 40% restante, más las cargas sociales, van por cuenta de las firmas. Hay que subvencionar a los usuarios, no a las empresas”, cerró.
“Las empresas deben probar la crisis en sus balances”. Palina aseguró que aún no ingresó ninguna presentación.
El secretario de Trabajo de la provincia, Roberto Palina, explicó al diario La Gaceta que las empresas de colectivos que presenten los expedientes para solicitar procesos preventivos de crisis de empresas, deberán acreditar la crisis adjuntando los balances económicos de los últimos tres años. “Aún no ingresó ninguna presentación en la Secretaría de Trabajo, pero hemos verificado que los empresarios del transporte están trabajando en un escrito. Entendemos que esto se produce en pleno contexto de una crisis económica y de una renegociación del cierre de la paritaria de 2018 del sector, a nivel nacional, en la antesala de la discusión salarial de este año”, explicó Palina a este diario.
“Entiendo que se trata de una medida de los empresarios por la situación de tarifa y la transición de los subsidios. No es fácil homologar estos acuerdos, porque los procesos preventivos de crisis de empresas deben enviarse a los despachos de Trabajo, y se corre traslado hacia los sindicatos de cada rubro. Deben presentar los últimos tres balances y demostrar la crisis. Si no está demostrada y el sindicato no la autoriza, no es fácil homologar el acuerdo. Deben presentar un plan de achicamiento de personal y plantear situaciones flexibles a los convenios. De todos modos, hasta ahora estamos hablando sobre trascendidos, aún no ingresó nada”, cerró el funcionario.
Fuente: La Gaceta.